La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Santa Cruz admitió una acción popular contra el Decreto Supremo 5503, norma que eliminó el subsidio a los combustibles y desató una ola de protestas a nivel nacional. La decisión judicial se conoció a través de un documento que comenzó a circular en redes sociales durante las últimas horas.
El recurso constitucional fue interpuesto por el abogado Wilmer Vázquez y será analizado en una audiencia pública fijada para este viernes 9 de enero, a las 13:00. Según el documento oficial, la admisión se realizó considerando la necesidad de diligenciar comisiones instruidas en las ciudades de Sucre y La Paz.
La acción popular fue presentada contra varias instancias del Estado, entre ellas el presidente Rodrigo Paz, la Asamblea Legislativa Plurinacional, el Tribunal Constitucional Plurinacional, la Contraloría General del Estado y la Defensoría del Pueblo, lo que refleja la magnitud institucional del cuestionamiento al decreto.
El fallo de admisión señala que la audiencia permitirá la consideración y eventual resolución del recurso, en un contexto marcado por una creciente conflictividad social y política derivada de la aplicación del D.S. 5503.
Paralelamente, la Central Obrera Boliviana (COB) intensificó sus medidas de presión y desde hace varios días mantiene bloqueos de caminos en distintos puntos del país. El ente sindical exige la abrogación inmediata del decreto, al que acusa de poner en riesgo la soberanía económica y de favorecer a capitales extranjeros.
El secretario ejecutivo de la COB, Mario Argollo, afirmó que la movilización busca “proteger el futuro de Bolivia”, advirtiendo que, de no revertirse la norma, los recursos naturales del país podrían ser entregados a transnacionales y potencias extranjeras.
Las protestas se agudizaron luego de que los dirigentes sindicales abandonaran el diálogo convocado por el Gobierno. A esto se sumó la llegada a La Paz de una marcha encabezada por mineros estatales y otros sectores sociales, que terminó en enfrentamientos con la Policía.
Durante estos disturbios, las fuerzas del orden utilizaron gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes, elevando la tensión en la sede de gobierno. En este escenario, la audiencia judicial del viernes se perfila como un punto clave que podría redefinir el rumbo del Decreto Supremo 5503 y el curso del conflicto social.
Vía: El Deber