La sorpresiva renuncia de Marco Lavagna a la presidencia del Indec expuso una decisión sensible del Gobierno: postergar la aplicación de la nueva fórmula de cálculo del Índice de Precios al Consumidor (IPC) por temor a un salto inflacionario que complique la estrategia oficial de desinflación.
La divulgación del dato de inflación de enero, prevista originalmente para el 10 de febrero con la nueva metodología, fue suspendida a último momento. En su lugar, el Indec publicará el índice utilizando la canasta vigente desde 2004, descartando por ahora la actualización que se venía trabajando desde hace meses.
De esta manera, el organismo estadístico continuará midiendo la inflación con ponderaciones desactualizadas, pese a que el propio Banco Central había detallado recientemente los cambios metodológicos en su Informe de Política Monetaria, donde ya advertía que la nueva medición podría arrojar registros más elevados en el corto plazo.
En los mercados, la noticia no generó un impacto inmediato. Acciones y bonos mostraron una jornada débil, aunque por factores previos, y todavía es prematuro anticipar un efecto concreto sobre los bonos ajustados por CER.
El ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, reconoció que la postergación respondió a la necesidad de “esperar que avance el proceso de desinflación”, una decisión consensuada con el presidente Javier Milei. Además, atribuyó el repunte inflacionario de fines del año pasado a la incertidumbre política y al contexto electoral.
Detrás de esta decisión subyace una certeza: la nueva medición hubiera complicado la narrativa de desaceleración inflacionaria que el Gobierno considera clave para este año y para encarar el próximo ciclo electoral.
La actualización metodológica no implicaba cambios en la forma de relevar precios, sino una modificación en las ponderaciones del consumo, pasando de una canasta basada en la encuesta de gastos de 2004 a otra correspondiente al período 2017-2018, más representativa de los hábitos actuales.
Según estimaciones del econometrista Martín Rozada, de la Universidad Di Tella, si se hubiera aplicado la nueva canasta, la inflación de 2025 habría sido del 33,6%, frente al 31,5% informado oficialmente, una diferencia de 2,1 puntos porcentuales.
El nuevo esquema habría incrementado de forma significativa el peso de los servicios —como alquileres, tarifas y combustibles— y reducido la incidencia de alimentos y vestimenta, lo que explica el temor oficial a un índice más elevado en un contexto donde la inflación sigue siendo el principal termómetro político y económico.
Vía: Infobae