Los tres principales candidatos a la Presidencia de Honduras concluyeron sus campañas electorales en medio de fuertes acusaciones cruzadas de fraude y bajo la atenta supervisión de misiones internacionales. El país llega a las elecciones del 30 de noviembre con un clima político altamente polarizado y más de seis millones de ciudadanos habilitados para votar en la renovación de la Presidencia, el Congreso y las alcaldías.
La contienda está marcada por la disputa entre Salvador Nasralla, del Partido Liberal; Nasry Asfura, del Partido Nacional; y Rixi Moncada, candidata del oficialista partido Libre. Moncada aseguró que el país enfrenta “una lucha entre dos modelos”, el de la oligarquía y el del socialismo democrático, defendiendo la continuidad del proyecto político vinculado a la presidenta Xiomara Castro y al expresidente Manuel Zelaya.
Asfura, empresario y líder del Partido Nacional, convocó a sus seguidores a una movilización contundente en las urnas y advirtió que su fuerza política no aceptará “ideologías fracasadas”, en alusión al oficialismo. Nasralla, por su parte, canceló su acto final en Tegucigalpa tras denunciar agresiones contra simpatizantes y acusó a Moncada de preparar un fraude con apoyo de gobiernos extranjeros como Cuba y Venezuela.
Las desconfianzas escalaron cuando Nasralla y Asfura alertaron sobre el posible uso de fuerzas militares para influir en los resultados. Moncada respondió señalando que sus adversarios cuentan con el respaldo del “sector económico que derrocó a Zelaya”, profundizando aún más el intercambio de acusaciones en una campaña ya tensionada.
La crispación aumentó tras un trágico accidente carretero en Santa Bárbara, donde un camión con simpatizantes del Partido Nacional y del Partido Liberal perdió el control y arrolló a motociclistas. El saldo preliminar es de ocho fallecidos y 50 heridos, según la Policía, que abrió una investigación para determinar responsabilidades.
Mientras tanto, el Consejo Nacional Electoral inició el traslado del material de votación hacia los 18 departamentos del país, bajo resguardo militar tal como lo establece la ley. Las autoridades buscan extremar los controles ante las sospechas de manipulación planteadas por los propios candidatos y la inquietud internacional.
La elección será observada de cerca por misiones de la Unión Europea, la OEA y una delegación de congresistas estadounidenses. La comunidad internacional busca asegurar la transparencia de un proceso que definirá al sucesor de Xiomara Castro el próximo 27 de enero de 2026, en un escenario cargado de incertidumbre y desconfianza política.
