La Cámara de Diputados iniciará el tratamiento de dos anteproyectos de ley orientados a regular y sancionar los bloqueos de caminos, una decisión que reaviva el debate político y social sobre los límites de la protesta en Bolivia. Las propuestas fueron remitidas a la Comisión de Justicia Plural y comenzarán a ser analizadas desde este martes.
Se trata del “Proyecto de ley contra el bloqueo, desabastecimiento, zozobra y de protección a la protesta social lícita y pacífica” y del denominado “proyecto de ley antibloqueos”, ambos enfocados en establecer nuevas reglas y sanciones frente a medidas de presión que interrumpan la libre circulación y el abastecimiento.
La Comisión de Justicia Plural está presidida por el diputado Manolo Rojas (PDC), quien se ha declarado partidario de avanzar con rapidez en la regulación de movilizaciones y bloqueos. El legislador adelantó que se imprimirá celeridad al tratamiento de los anteproyectos, dada la relevancia del tema para la gobernabilidad y el orden público.
El primer anteproyecto, presentado por la diputada María Soruco Chacón (Unidad), propone la incorporación de nueve nuevos tipos penales para sancionar a quienes participen en bloqueos de caminos, aun cuando estos se realicen en el marco de movilizaciones sociales. La iniciativa busca, según sus impulsores, proteger el derecho a la protesta pacífica sin afectar a terceros.
En contraste, el segundo anteproyecto, conocido como “ley antibloqueos”, plantea un enfoque más duro al habilitar el uso de armas por parte de efectivos policiales o militares durante operativos de desbloqueo. Además, establece que dichas acciones no generarán responsabilidades penales para los uniformados que intervengan.
La discusión reabre un debate sensible en el país, marcado por antecedentes recientes. En 2019, la presión internacional llevó a la entonces presidenta Jeanine Áñez a abrogar el Decreto Supremo 4078, que autorizaba la intervención militar con armas de fuego y derivó en las muertes registradas en Sacaba y Senkata.
Organizaciones sociales y sectores sindicales ya expresaron su rechazo a ambas propuestas y anunciaron nuevas movilizaciones en defensa del derecho a la protesta, advirtiendo que las iniciativas criminalizan la acción colectiva y pueden vulnerar derechos fundamentales.
El tratamiento de los anteproyectos comenzará a las 10:00 en el quinto piso del nuevo edificio de la Asamblea Legislativa, en una sesión que se anticipa tensa por la polarización de posturas entre legisladores y actores sociales.
En paralelo, el Senado también deberá iniciar el análisis de un anteproyecto similar presentado por la senadora Claudia Mallón, lo que augura un debate amplio y prolongado en el Legislativo sobre el equilibrio entre orden público, derechos humanos y protesta social.
Vía: El Deber