El Ministerio de Salud dispuso el despido de cinco enfermeras del Programa Ampliado de Inmunización (PAI), dejando sin personal operativo a esta unidad en un momento crítico, coincidente con el inicio de una campaña nacional de vacunación.
Las trabajadoras afectadas denunciaron que recibieron los memorándums de retiro sin explicación ni justificación. Según sus declaraciones, todas contaban con una larga trayectoria laboral de entre 18 y 20 años y no registraban antecedentes disciplinarios.
Una de las enfermeras despedidas, María Isabel Cadena Gareca, aseguró que la medida contradice declaraciones recientes de autoridades nacionales, quienes habían negado la existencia de despidos dentro del sistema de salud.
De acuerdo con las afectadas, los documentos de desvinculación llegaron directamente desde la ciudad de La Paz y fueron firmados únicamente por responsables de recursos humanos y el área legal, sin mayores detalles sobre las causas de la decisión.
Las exfuncionarias advirtieron que la situación podría agravarse, ya que existirían versiones sobre nuevos despidos en otros centros de salud, incluyendo el hospital San Juan de Dios.
Ante este escenario, anunciaron medidas de presión, entre ellas una posible huelga de hambre, otorgando un plazo de 72 horas a las autoridades para que brinden respuestas y reconsideren la decisión.
Por su parte, la directora del PAI, Marta Martínez Rivera, expresó su preocupación por el impacto inmediato de los despidos, señalando que la institución quedó prácticamente sin personal para ejecutar sus funciones.
La autoridad lamentó que la medida se haya tomado sin consulta previa y en un momento en que se requiere mayor capacidad operativa para garantizar la recepción, manejo y aplicación de vacunas.
Asimismo, advirtió que la falta de personal pone en riesgo directo la campaña de vacunación contra la influenza, lanzada recientemente, al no contar con recursos humanos capacitados para su implementación.
Finalmente, desde el PAI se alertó que la situación compromete la atención en salud pública, ya que la inmunización no puede ser interrumpida ni improvisada, al tratarse de un servicio esencial que involucra la protección de vidas humanas.