Más de 14.000 personas quechuas y aimaras de la provincia boliviana de Nor Lípez denuncian que la explotación de litio, motor clave para la transición energética global, avanza sin consulta previa ni estudios ambientales adecuados. La preocupación central es el uso intensivo de agua que requiere este proceso y que pone en riesgo la subsistencia de las comunidades que dependen de ríos y pozos para cultivar quinua y criar camélidos.
La Central Única Provincial de Comunidades Originarias de Nor Lípez (Cupconl) perdió en junio un juicio contra el Estado boliviano por la falta de consulta previa, tal como lo exige la Constitución. El juez argumentó que la vía legal usada no era la adecuada. En respuesta, las comunidades se declararon en estado de emergencia y anticiparon que llevarán su reclamo al Tribunal Constitucional o incluso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
A pesar de que el Gobierno asegura que aún no hay explotación masiva de litio, en el salar de Uyuni ya opera una planta estatal desde 2024. Si se aprueban los contratos con empresas chinas y rusas, se construirán tres plantas más. Las comunidades exigen estudios ambientales independientes y una ley que regule claramente el uso del agua. Según estimaciones independientes, las futuras operaciones requerirían más de 47 millones de metros cúbicos de agua al año, cifra que supera 15 veces la cantidad que aportan las lluvias en la región.
Los líderes comunales denuncian además la contaminación progresiva de las fuentes de agua subterráneas, que abastecen al 60% de la población. Los compromisos estatales previos de mejorar la calidad del agua no se han cumplido, y se han detectado niveles elevados de bórax y cloro en las fuentes naturales. También acusan a las autoridades de incumplir promesas de desarrollo, marginándolos incluso del uso de infraestructuras construidas para la explotación del litio.
La desconfianza se agrava por la experiencia previa con la minera San Cristóbal, instalada hace dos décadas. Aunque esta empresa ha contribuido con obras e ingresos por regalías, también ha consumido grandes volúmenes de agua. Los comunarios exigen ahora que la industrialización del litio no solo beneficie al país, sino también a las comunidades directamente afectadas. Señalan que sus propios medios de transporte han sido ignorados, y reclaman que ni siquiera se les haya informado sobre cambios en zonas de valor turístico.
El caso boliviano se suma a las denuncias similares que han emergido en Argentina y Chile, los otros dos países del llamado “triángulo del litio”. En todos ellos, comunidades indígenas han levantado la voz contra la falta de consulta y la amenaza a sus territorios ancestrales. En un contexto de crisis climática y transición energética, crece el debate sobre si el litio —el oro blanco del siglo XXI— puede extraerse sin sacrificar derechos humanos ni destruir ecosistemas frágiles.
Vía: El País, España