La senadora nacional Marcela Guerrero informó que presentó oficialmente ante la Contraloría General del Estado una solicitud de auditoría ambiental por las modificaciones realizadas al Plan de Manejo de la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía, vinculadas al trabajo de la empresa Petrobras. La legisladora señaló que la petición busca establecer responsabilidades penales, civiles y administrativas por presuntas irregularidades que se arrastran desde el año 2000.
Guerrero explicó que la solicitud de auditoría no se limita únicamente al Plan de Manejo, sino que también incluye la revisión del nivel de categorización ambiental, la evaluación de impacto ambiental, la declaratoria de impacto y el proceso de consulta pública. Según la senadora, estos procedimientos habrían sido manipulados para favorecer la actividad extractiva en una zona que, por normativa, debería contar con máxima protección ambiental.
De acuerdo con la denuncia, se habría alterado de manera irregular el Plan de Manejo 2000 – 2004 de Tariquía, mientras que en 2014 se aprobó un nuevo documento sin que se hubiera transparentado la información ni realizado las consultas correspondientes a los comunarios. Guerrero sostuvo que no se efectuaron estudios hidrológicos y que el proceso fue manejado de forma discrecional, sin publicación oficial ni respeto a la normativa ambiental vigente a nivel nacional.
La senadora afirmó que estas irregularidades ya se reflejan en la intervención petrolera dentro de la reserva, citando como ejemplos los pozos Astillero Churuma y San Telmo, y advirtió que ahora se pretende repetir el mismo esquema con el pozo Domo Oso X-3. En ese contexto, aseguró que la actividad hidrocarburífera ya ha afectado áreas sensibles de Tariquía, contradiciendo los argumentos oficiales que niegan impactos ambientales.
Asimismo, Guerrero identificó a presuntos responsables directos, entre ellos autoridades del entonces Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP), quienes —según indicó— deberán explicar los criterios utilizados para modificar los límites del área núcleo y de la cuenca hídrica, permitiendo el ingreso de actividades extractivas. Señaló que estas modificaciones priorizaron la explotación de hidrocarburos por encima de la protección ambiental.
Finalmente, la legisladora denunció que se alteró de manera irregular la categorización ambiental del proyecto, pasando de una categoría uno —que exigía un estudio integral de impacto— a una categoría dos, lo que facilitó la tramitación de licencias ambientales, incluso para el manejo de sustancias peligrosas. Guerrero concluyó que la supuesta consulta pública fue fraudulenta y que existen responsabilidades claras con nombre y apellido, por lo que espera que la Contraloría actúe con firmeza para esclarecer los hechos.