
La Organización de los Estados Americanos (OEA) analizará este miércoles la crisis política y social que atraviesa Bolivia, marcada por protestas, bloqueos de carreteras y enfrentamientos registrados en distintas regiones del país, especialmente en La Paz y El Alto.
La sesión fue convocada por el Consejo Permanente del organismo hemisférico y se desarrollará en Washington D.C., donde se abordará la “situación política interna” boliviana en medio de una creciente preocupación internacional por la escalada del conflicto.

La reunión de la OEA se produce luego de varias jornadas de violencia, con reportes de ataques a instituciones públicas, agresiones a periodistas, bloqueos de rutas estratégicas y enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas policiales.
El conflicto se intensificó en las últimas semanas con movilizaciones impulsadas por sectores afines al expresidente Evo Morales y organizaciones sociales que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz, mientras el Gobierno denuncia un intento de desestabilización política.

En paralelo, organismos internacionales y actores políticos de la región comenzaron a pronunciarse sobre la situación boliviana. El Grupo IDEA, conformado por 31 expresidentes de América y Europa, pidió a la OEA mantenerse vigilante ante un posible deterioro democrático en el país.
Entre los firmantes del pronunciamiento se encuentra el expresidente boliviano Jorge “Tuto” Quiroga, quien junto a otros exmandatarios alertó sobre una supuesta manipulación política de las protestas y solicitó activar mecanismos de prevención contemplados en la Carta Democrática Interamericana.
Desde el Gobierno boliviano, el canciller Fernando Aramayo aseguró que los pronunciamientos internacionales representan un respaldo a la democracia y a la institucionalidad del país, frente a los hechos de violencia registrados durante las protestas.

La convocatoria internacional ocurre además en un contexto de fuerte tensión interna, donde continúan los operativos de desbloqueo, las denuncias de escasez de alimentos y combustible, y las advertencias sobre posibles afectaciones a los servicios de salud y abastecimiento.
Mientras tanto, la Iglesia Católica, la Defensoría del Pueblo y diferentes organismos de derechos humanos insistieron en la necesidad de instalar un diálogo urgente entre el Ejecutivo y los sectores movilizados para evitar una mayor escalada del conflicto social.
La sesión de la OEA será seguida con expectativa tanto por el Gobierno como por los sectores movilizados, en un momento donde Bolivia enfrenta una de las coyunturas políticas más delicadas de los últimos años y bajo creciente atención de la comunidad internacional.
Vía: La Razón
