La Justicia ordenó este domingo la detención preventiva por 120 días del juez Hebert Z. en el penal de Palmasola, en el marco del denominado caso de las “narcomaletas”, tras considerar que existen indicios suficientes de su presunta participación en delitos de tráfico de sustancias controladas, asociación delictuosa y confabulación.
La medida fue dispuesta luego de una audiencia cautelar reinstalada en el Palacio de Justicia, en la que el juez Fernando Mejía rechazó todos los incidentes planteados por la defensa del magistrado. La Fiscalía había solicitado 180 días de detención preventiva, pero la autoridad jurisdiccional concedió un plazo menor.
Durante la audiencia se valoraron las pruebas presentadas por la Fiscalía de Sustancias Controladas, que sustentan la imputación formal contra Hebert Z. Los incidentes de la defensa se centraron en supuestas vulneraciones de derechos, argumentos que no prosperaron ante el juzgado.
La sesión estuvo marcada por incidentes procesales, cambio de sala y protestas de un grupo de mujeres que increparon al juez detenido, acusándolo de haber favorecido con libertades a autores de delitos sexuales en otros procesos, lo que elevó la tensión en el recinto judicial.
La Fiscalía fundamentó su pedido de detención en los elementos recolectados durante un allanamiento realizado el 20 de enero en galpones de la empresa de seguridad Ebose S.R.L., en la zona de Villa Primero de Mayo, donde se secuestraron armas y cerca de 80 kilos de marihuana, además de sustancias químicas.
Según el informe fiscal, la empresa tendría como principal socio capitalista al propio juez. En el operativo, el comportamiento nervioso de un guardia derivó en una requisa que permitió detectar un ambiente con olor a marihuana, hecho confirmado posteriormente por la Felcn.
Otro indicio relevante es la documentación empresarial y personal encontrada en el lugar, que vincula al magistrado con la firma allanada. Además, el vigilante aprehendido declaró que Zeballos sería el propietario del negocio y que fue contratado por un tercero que lo identificó como responsable de la empresa.
La investigación también estableció una conexión entre la droga secuestrada y el ingreso al país de 32 maletas —aunque Aduana registró oficialmente 31— procedentes de Estados Unidos, en un vuelo privado que arribó a Viru Viru el 29 de noviembre de 2025. Este hecho dio origen al caso “narcomaletas”, en el que figura como investigada la exdiputada y candidata a concejal Laura R.
La defensa del juez, encabezada por Diego Coimbra, rechazó la imputación y pidió la libertad irrestricta, alegando falta de elementos objetivos. Sin embargo, la autoridad judicial consideró la existencia de riesgos de fuga y de obstaculización, ratificando la detención. El caso continúa bajo dirección fiscal y es considerado de alta sensibilidad institucional por la presunta implicación de una autoridad judicial.
Vía: El Deber