La audiencia del caso Las Malvinas, que investiga la desaparición forzada y asesinato de cuatro niños en Guayaquil, entró en una fase decisiva este 2 de diciembre con revelaciones que apuntan a un posible encubrimiento institucional. Tras semanas de pericias, reconstrucciones y declaraciones, nuevos testimonios expusieron una presunta coordinación interna entre los militares procesados para uniformar sus versiones y obstruir la investigación.
Uno de los aportes más contundentes provino del cooperador eficaz Christian A., quien confesó que los informes operativos presentados por los uniformados no fueron redactados individualmente. Aseguró que los militares acordaron previamente “qué debían decir” para que todos los documentos coincidieran, llegando incluso a producir reportes prácticamente idénticos con mínimas variaciones de palabras.
El testigo también reveló que recibió órdenes para borrar videos y fotografías captadas durante la detención ilegal de los menores. Según su versión, estas instrucciones involucraron a varios oficiales y tenían como objetivo eliminar cualquier evidencia que pudiera comprometer a la cadena de mando o al operativo militar realizado aquella noche.
Otro punto crítico señalado por Christian A. tiene que ver con la supuesta reposición de municiones. El cooperador relató que escuchó a uno de los procesados buscar cómo reemplazar las balas usadas la noche del 8 de diciembre de 2024, cuando vecinos reportaron detonaciones en la avenida 25 de Julio. Esta versión refuerza la tesis fiscal de que hubo un intento deliberado de ocultar el verdadero uso de la fuerza durante la aprehensión de los niños.
La jornada también estuvo marcada por la intervención del subteniente John Z., uno de los acusados más señalados en el expediente. El militar negó las versiones en su contra y acusó a los cooperadores de mentir por presión legal para recibir beneficios procesales. Sin embargo, no presentó nuevos elementos que contradigan videos, pericias o coincidencias en testimonios de distintos rangos militares.
A ello se sumó el testimonio del teniente coronel Juan Francisco I., quien confirmó que la ropa de los menores fue hallada en una hoguera aún caliente cerca de un canal de agua. Esta declaración sustenta la acusación fiscal sobre la quema de evidencia, uno de los elementos más graves del caso, y aporta más indicios de un posible intento de borrar rastros del operativo.
Con la presentación de pruebas por parte de los 17 procesados concluida, el proceso ingresa ahora a su etapa definitiva. La Fiscalía se prepara para presentar sus alegatos finales, donde buscará demostrar la existencia de desaparición forzada con resultado de muerte y la responsabilidad directa e indirecta de los militares. El Tribunal deberá valorar si las contradicciones, coincidencias y revelaciones recientes confirman un encubrimiento que prolongó la impunidad en uno de los crímenes más conmocionantes de Ecuador.
Vía: Infobae