En menos de 24 horas, la Fiscalía de La Paz ejecutó la aprehensión de tres exfuncionarios de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), en el marco de las investigaciones por presuntos hechos de corrupción en la construcción de una planta de transformación, acopio y almacenamiento de papa en El Alto.
Entre los detenidos figura el exgerente general Franklin Flores, junto con un exgerente administrativo financiero y una exanalista de obras civiles.
Flores fue arrestado este martes y trasladado a dependencias del Ministerio Público, donde prestó su declaración informativa. Horas después, la Policía condujo hasta la Fiscalía al exgerente administrativo financiero, identificado como Marvel V. O., quien también debe responder por su participación en las presuntas irregularidades.
La tercera involucrada es la exanalista de obras civiles de la estatal, quien fue aprehendida en la mañana y se encuentra a la espera de su audiencia de medidas cautelares. Con estas acciones, la Fiscalía intensifica la investigación sobre un proyecto adjudicado en noviembre de 2022, durante la gestión de Flores, en el que se detectaron irregularidades administrativas y financieras.
El fiscal anticorrupción Johan Muñoz detalló que el caso está vinculado a delitos de incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y enriquecimiento ilícito. Según la investigación, durante la gestión de Flores se autorizó la adjudicación de la planta de papa con inconsistencias que comprometen la legalidad del proceso.
Además, el Ministerio de Transparencia identificó movimientos económicos inusuales en las cuentas bancarias de los tres exfuncionarios. Según el fiscal, los montos detectados no guardan relación con los ingresos que percibían como empleados públicos, lo que genera sospechas de enriquecimiento ilícito.
El caso Emapa se perfila como uno de los procesos anticorrupción más relevantes del año, al involucrar a exautoridades de una de las empresas estratégicas del Estado. La Fiscalía adelantó que continuará ampliando las investigaciones para establecer el destino del dinero no justificado y determinar si existen más funcionarios implicados en el esquema irregular.
Vía: UNITEL