El presidente de la Brigada Parlamentaria de Tarija, Gabriel Corvera, informó que un bloque unificado de siete regiones aprobó una resolución de 13 puntos ante la crisis nacional. Entre las determinaciones, respaldan el Estado de Excepción y piden investigar a legisladores argentinos por injerencia.
Como resultado del segundo encuentro nacional de presidentes de brigadas parlamentarias de Bolivia, representantes legislativos de la mayoría de los departamentos del país emitieron un pronunciamiento conjunto de alta repercusión política. El presidente de la Brigada Parlamentaria de Tarija, Gabriel Corvera, informó de manera oficial que, tras evaluar la severa crisis social, política y de abastecimiento que atraviesa la nación, se determinó exigir formalmente al Órgano Ejecutivo la militarización de la región del Chapare, la inmediata captura del expresidente Evo Morales y la dimisión del Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya.
Corvera detalló que las determinaciones fueron consensuadas y aprobadas por unanimidad por siete de las nueve brigadas parlamentarias del país que asistieron al encuentro institucional. El bloque de legisladores fundamentó sus solicitudes en la necesidad de restituir de forma plena el orden constitucional, la seguridad ciudadana y la legalidad en los sectores que funcionaron como epicentros de las recientes movilizaciones.
Respaldo al Estado de Excepción y demanda de renuncia por omisión
La resolución emitida consta de 13 puntos específicos que abordan diversas problemáticas nacionales surgidas tras el prolongado periodo de conflictos. Como primer eje conductor, los parlamentarios manifestaron su respaldo político y legal a la aplicación del Estado de Excepción dictado por el Gobierno nacional, argumentando de manera unánime que constituye la vía constitucional idónea para devolverle al país la seguridad social y la certidumbre jurídica.
Respecto a la exigencia de renuncia dirigida al Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, el titular de la brigada tarijeña argumentó que la determinación responde a una profunda inacción institucional frente a los atropellos sufridos por la población civil.
«Exigimos la renuncia del señor Callisaya, el Defensor del Pueblo; ha brillado totalmente por su ausencia. Ha incurrido en un flagrante incumplimiento de deberes, función para la cual la población le cancela un sueldo y para la cual está llamado por ley. Pedimos de manera muy tranquila pero firme que dé un paso al costado y permita que asuman personas con verdadera intención de trabajar por los derechos humanos de forma imparcial, y no solamente en beneficio de un sector movilizado». — Gabriel Corvera, Presidente de la Brigada Parlamentaria de Tarija.
Procesos penales y reabastecimiento de insumos básicos
En el ámbito judicial y de resarcimiento, el documento emanado por las brigadas parlamentarias exige la apertura inmediata de investigaciones criminales para evitar que queden en la impunidad los destrozos y agresiones perpetrados durante los días de bloqueo. De forma específica, Corvera señaló que se solicita iniciar procesos investigativos contra dirigentes y autoridades radicales, citando explícitamente al señor Mario Argollo (Ejecutivo de la COB), al senador Nilton Condori y al principal dirigente de la Federación de Juntas Vecinales (FEJUVE) de El Alto y los Ponchos Rojos (Túpac Katari).
De manera paralela, y ante el desabastecimiento provocado por el cerco vial a las principales ciudades, la resolución institucional demanda al nivel central del Estado activar mecanismos de urgencia para el reabastecimiento inmediato de energéticos y combustibles, alimentos de primera necesidad, así como el traslado prioritario de oxígeno clínico y medicamentos hacia los centros urbanos más afectados por las medidas de presión.
Injerencia internacional e investigación por contrabando de madera
Finalmente, el presidente de la brigada tarijeña informó que la resolución de 13 puntos incluyó una denuncia de carácter diplomático y soberano. Las brigadas pactaron remitir un requerimiento formal hacia la Cámara de Diputados de la República Argentina con el fin de que se inicie un proceso de investigación interna y la aplicación de sus códigos de ética contra parlamentarios de ese país vecino que ingresaron a territorio boliviano a cometer actos de injerencia política disfrazados de misiones humanitarias, con el presunto fin de desestabilizar el orden interno.
Asimismo, las autoridades parlamentarias exigieron la entrega de informes internacionales con la evidencia técnica de respaldo sobre el caso denominado «narcomaderas», lamentando que hasta la fecha ni el gobierno boliviano ni el gobierno de Chile hayan remitido la información oficial correspondiente, cerrando la agenda del encuentro con debates y resoluciones en materia de seguridad energética nacional.