Bolivia cumplió este jueves 50 días de conflicto social marcado por bloqueos de carreteras, sin que el diálogo entre el Gobierno y la Central Obrera Boliviana haya logrado acuerdos concretos para poner fin a las medidas de presión que afectan a gran parte del país.
Aunque las conversaciones entre ambas partes continúan abiertas, la mesa de negociación no volvió a reunirse desde su instalación hace dos días. Pese a ello, el presidente Rodrigo Paz aseguró que el proceso se desarrolla de manera positiva y que existe disposición para encontrar una salida negociada.
Uno de los principales puntos de desacuerdo es la situación de las personas detenidas durante los conflictos. El dirigente de la COB, Mario Argollo, exige una amnistía para todos los procesados por hechos vinculados a las protestas y bloqueos.
Por su parte, el Gobierno condicionó la continuidad y avance del diálogo al levantamiento total de los bloqueos, mientras una comisión jurídica analiza la situación legal de los detenidos, según informó el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo.
La prolongación del conflicto ya genera un fuerte impacto económico. Diversos sectores empresariales advierten que las movilizaciones podrían provocar una contracción de al menos el 5% del Producto Interno Bruto (PIB) durante la presente gestión.
La Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz estimó que las pérdidas acumuladas alcanzan aproximadamente 2.700 millones de dólares, mientras que otros sectores productivos continúan reportando daños económicos de gran magnitud.
A pesar de las diferencias, tanto el Gobierno como la COB coinciden en mantener abierta la vía del diálogo. Lupo destacó que el acercamiento fue posible luego de que la dirigencia sindical dejara de exigir la renuncia del presidente como condición para negociar.
Sin embargo, el ministro rechazó la posibilidad de liberar automáticamente a todos los procesados y cuestionó algunas propuestas planteadas por la COB, especialmente aquellas relacionadas con la consulta obligatoria de leyes y decretos al movimiento sindical.
Argollo respondió que la organización no busca cogobernar el país y acusó al Ejecutivo de emitir declaraciones que dificultan el proceso de negociación. Asimismo, confirmó que abogados de la COB y representantes del Ministerio Público continúan revisando los casos de los detenidos.
De acuerdo con datos de la Defensoría del Pueblo, alrededor de 360 personas fueron arrestadas durante los 50 días de protestas. Aunque la mayoría recuperó su libertad, 103 personas permanecen procesadas o bajo medidas cautelares, mientras los equipos jurídicos de ambas partes continúan trabajando para destrabar uno de los temas más sensibles de la negociación.
Vía: El Deber