El presidente Rodrigo Paz anunció la eliminación de la subvención a los hidrocarburos, provocando una ola de sorpresa y preocupación en La Paz, donde miles de ciudadanos acudieron a las estaciones de servicio para llenar sus tanques ante el temor de alzas inmediatas en los precios de la gasolina y el diésel.
Dirigentes del transporte respondieron con advertencias urgentes al Gobierno, fijando plazos para derogar el Decreto Supremo 5503 y amenazando con paros, bloqueos y medidas indefinidas si no se restituía la subvención, calificando la medida como un «gasolinazo» injusto.
A las voces de los transportistas se unieron otros sectores clave, como la Central Obrera Boliviana (COB), trabajadores mineros, organizaciones sociales de El Alto, panificadores y gremiales, quienes rechazaron el decreto y advirtieron una escalada de movilizaciones, incluyendo una marcha de protesta en El Alto que exigió la renuncia del jefe de Estado.
Sin embargo, en las calles de La Paz, el panorama contrastaba con la alarma inicial: predominaba una actitud de serenidad y resignación, como si la población asumiera una mala noticia largamente anunciada, sin alternativas viables.
En un minibús del macrodistrito San Antonio, el conductor explicó a los pasajeros que, aunque la instrucción oficial era cobrar Bs 4,50 o Bs 5, muchos choferes discrepaban y optaban por Bs 3,50, mostrando un papel con la tarifa sindical. Los usuarios aceptaron de inmediato, pagando sin protestas y continuando el viaje.
Conversaciones en las paradas revelaban esta resignación tácita: pasajeros preguntaban por el precio del pasaje, aceptaban Bs 3,50 y subían con un acuerdo implícito entre transportistas de base y ciudadanos, quienes reconocían que la subvención beneficiaba más a contrabandistas que a la gente común.
Paralelamente, una parte significativa de la población paceña se volcó a mercados y centros de abasto, formando largas filas para adquirir arroz, azúcar, harina, aceite y fideos, no solo por miedo a alzas, sino también por la previsión de bloqueos que podrían interrumpir el suministro.
Desde el Gobierno, se admitió que estas reacciones eran esperadas, reconociendo el impacto inicial en el costo de vida, pero confiando en que la calma regresaría pronto, mientras exhortaban a la población a evitar el pánico y no caer en precios abusivos por parte de comerciantes oportunistas.
Vía: El Deber