La directora ejecutiva de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Margot Ayala, reveló que aproximadamente el 30% del combustible subvencionado por el Estado está siendo desviado al contrabando. Aunque aclaró que no se trata de datos oficiales, señaló que esta cifra surge de los análisis preliminares que viene realizando la institución.
Ayala explicó que la ANH está sometiendo a revisión exhaustiva al sistema B-SISA y a los mecanismos de control implementados para frenar el desvío ilegal de carburantes. Estos estudios buscan identificar fallas estructurales y responsabilidades en el sistema de distribución.
La autoridad sostuvo que existen indicios de participación de funcionarios de Sustancias Controladas, YPFB y la propia ANH en estas operaciones ilícitas, quienes estarían facilitando el transporte ilegal de combustibles hacia países vecinos. Según Ayala, estos actos estarían generando un grave daño económico al Estado.
La ejecutiva advirtió que los hallazgos serán remitidos a auditoría y que se iniciarán procesos con repercusiones legales. Asimismo, denunció que la falta de control y la “costumbre” de operar al margen de la normativa han permitido que estas prácticas se consoliden.
El fin de semana, durante un control sorpresa en la Planta de Almacenaje de Senkata, en El Alto, la ANH identificó la presencia de “mafias organizadas” dedicadas al desvío de combustible subvencionado, reforzando las sospechas sobre la magnitud del problema.
