El Alcalde de Tarija, Johnny Torres Terzo, informó que el Decreto Supremo 5503 ha generado un aumento en los gastos de funcionamiento del municipio, obligando a realizar ajustes presupuestarios que reducirán la inversión en proyectos de desarrollo.
Entre los factores que impactan directamente en el presupuesto, mencionó el incremento del precio del diésel y el ajuste del salario mínimo, que pasó de 2.800 a 3.300 bolivianos.
Torres explicó que, debido a estos cambios, el municipio se ve obligado a reasignar recursos de inversión hacia el funcionamiento, para cubrir gastos esenciales, como el combustible de la maquinaria y el pago de salarios.
Señaló que cada día se requieren aproximadamente 2.000 litros de diésel, mientras que el consumo mensual asciende a 60.000 litros, lo que representa una presión financiera significativa sobre la administración municipal.
Otro efecto del decreto es que la aprobación tardía del presupuesto impide ejecutar procesos administrativos esenciales, como la licitación para la compra de útiles escolares, y dificulta la planificación anual de los servicios del municipio.
Torres indicó que, sin el presupuesto aprobado, muchas acciones quedan limitadas y se deben priorizar solo las operaciones más urgentes.
El alcalde aclaró que, aunque el decreto establece un receso vacacional del 15 de diciembre al 15 de enero, los servicios críticos no han dejado de funcionar. Unidades como la recolección de basura y la atención en el campo con maquinaria continúan operativas, mientras que la administración en gran parte se encuentra en pausa para cumplir con el receso de personal administrativo.
Para enfrentar esta situación, Torres anunció que se llevará a cabo un modificatorio al presupuesto, transfiriendo recursos de inversión hacia funcionamiento. Esta medida permitirá cubrir los gastos imprevistos generados por el alza del diésel y el ajuste salarial, garantizando que los servicios esenciales del municipio sigan operando con normalidad.
Finalmente, el alcalde subrayó que no existe otra alternativa para mantener la operatividad municipal bajo las nuevas condiciones económicas. Advirtió que estas modificaciones afectan la capacidad de inversión en proyectos, pero son necesarias para asegurar que la ciudad continúe funcionando y atendiendo los servicios esenciales de la población.