El Fiscal Departamental de Tarija, José Mogro Palacios, informó sobre la detención del exgobernador de Tarija, Lino Condori Aramayo, en cumplimiento al mandamiento de condena N.º 07/2026 emitido por el Tribunal Primero de Sentencia de la capital tarijeña. La exautoridad fue condenada a cinco años de presidio por el delito de resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado.
Mogro explicó que el mandamiento de condena fue entregado oficialmente al Ministerio Público un día antes, lo que permitió activar de inmediato los mecanismos legales para su ejecución. En ese marco, se coordinó con diferentes unidades de la Policía Nacional de Tarija para dar cumplimiento a la orden judicial.
El fiscal detalló que la aprehensión se concretó gracias a un trabajo de inteligencia policial, que incluyó seguimiento y control de movimientos. Como resultado de estas acciones, Lino Condori fue capturado en la tranca de Pajchani aproximadamente una hora y media antes de que se brinde el informe oficial a los medios de comunicación.
Ante la consulta sobre el delito por el cual fue detenido el exgobernador, Mogro precisó que la sentencia corresponde al delito de resoluciones contrarias a la Constitución, tipificado tras un proceso judicial que analizó actos administrativos realizados durante su gestión.
Por su parte, el fiscal de Materia, Gabriel Alarcón, explicó que el origen del caso se remonta al año 2013, cuando el entonces ejecutivo seccional de Desarrollo de Yacuiba, Marcial Rengifo, emitió un decreto para designar a una autoridad de jerarquía inferior. Posteriormente, en 2015, Lino Condori derogó ese decreto y emitió una nueva resolución que, según el fallo judicial, vulneró normas constitucionales.
Alarcón señaló que el Tribunal determinó que la actuación de Condori contravino el artículo 240 de la Constitución Política del Estado y la Ley 587, al haberse designado a una persona de inferior jerarquía en un cargo que no correspondía. Bajo el principio de objetividad, se estableció que el exgobernador actuó en contra del ordenamiento jurídico vigente, motivo por el cual se ratificó la sentencia de cinco años de presidio.