La Fiscalía General de la Nación dio un giro inesperado al retirar la imputación de cargos contra Augusto Rodríguez Ballesteros, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), dentro del proceso por el asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido en junio de 2025.
La decisión se produjo apenas cuatro horas después de que la fiscal Elsa Reyes formalizara la imputación por el presunto delito de prevaricato por omisión, lo que implicó la suspensión de la audiencia prevista y el relevo de la fiscal responsable del expediente.
Según explicó el ente acusador, el retiro de la imputación no obedece a una absolución de fondo, sino a un problema de competencia y jurisdicción entre despachos, lo que obligó a replantear el curso procesal para evitar futuras nulidades.
La Fiscalía sustentó su determinación en la Resolución 001683 del 19 de junio de 2025, mediante la cual se creó un Grupo de Tareas Especiales encargado de investigar y judicializar todos los hechos relacionados con el magnicidio de Miguel Uribe Turbay.
En ese contexto, se estableció que la fiscal 295 de la Unidad de Administración Pública de Bogotá, quien impulsó la imputación, no formaba parte de dicho grupo especializado, motivo por el cual su actuación fue considerada improcedente y se ordenó remitir el caso al equipo competente.
El organismo aclaró que la investigación continuará bajo la conducción del Grupo de Tareas Especiales, liderado por el director de la Seccional Bogotá, Javier Mauricio Paba Mejía, con el objetivo de concentrar todas las diligencias en un solo equipo técnico.
En los próximos días se instalará una mesa técnica para revisar el expediente y reforzar la línea investigativa sobre las presuntas fallas en la protección del senador, incluyendo la posible desatención de solicitudes de refuerzo del esquema de seguridad.
La imputación retirada se basaba en la denuncia de la familia de Uribe Turbay, que sostiene que al menos 23 solicitudes de mejora del esquema de seguridad no habrían sido atendidas, pese a que el líder opositor era considerado uno de los políticos más amenazados del país.
Finalmente, la Fiscalía subrayó que el reversazo no implica el cierre del caso ni la desestimación de las alertas sobre posibles omisiones, sino una reorganización interna para garantizar una investigación integral, técnica y jurídicamente sólida sobre las responsabilidades en torno al magnicidio.
Vía: Infobae