La violencia vinculada al robo de minerales en Cerro Rico de Potosí alcanzó un nuevo punto crítico tras un enfrentamiento que dejó un fallecido, varios heridos y al menos 20 personas aprehendidas. El hecho encendió las alertas de las autoridades por el nivel de organización de los grupos involucrados.
El fiscal departamental Gonzalo Aparicio confirmó la apertura de dos investigaciones paralelas: una por robo agravado de minerales y otra por homicidio, debido a la gravedad de los hechos registrados en una mina del sector.
El violento episodio ocurrió la madrugada del 19 de abril en la cooperativa minera Cori Mayo, ubicada en la zona de Pailaviri. Según los reportes, el enfrentamiento se produjo entre cooperativistas y un grupo de presuntos “jukus”, sorprendidos mientras sustraían mineral.
De acuerdo con la información oficial, el conflicto se desarrolló entre las 4:00 y las 7:00 de la mañana, cuando los mineros detectaron la presencia de los delincuentes, desatando una confrontación dentro de la mina.
Las autoridades revelaron que los “jukus” no solo operaban de manera clandestina, sino que estaban equipados con armas de fuego y agentes químicos, lo que evidencia un incremento en la peligrosidad de estas actividades ilícitas.
Tras varias horas, los cooperativistas lograron reducir a 20 personas, entre ellas cinco menores de edad. Posteriormente, la Policía tomó control de la situación y realizó el levantamiento de evidencias en el lugar.
Durante la intervención, se encontró un arma de fuego en posesión de Daniel Manrique Sánchez, quien fue identificado como la persona fallecida en medio del enfrentamiento.
El Ministerio Público determinó que los 15 adultos detenidos enfrenten cargos por robo agravado, mientras que los menores serán remitidos a instancias de justicia penal juvenil. Paralelamente, se investiga la responsabilidad en el homicidio y las lesiones registradas.
El fiscal Aparicio advirtió que estos hechos ya no responden a incidentes aislados, sino a redes criminales organizadas que operan con mayor violencia y logística, poniendo en riesgo la seguridad en la región minera.
Ante este escenario, se convocó a una mesa interinstitucional con entidades como Senarecom, la Gobernación, la Policía y el Comité Cívico, con el objetivo de coordinar acciones para frenar el “juqueo” y restablecer el control en uno de los principales enclaves mineros del país.