El presidente de la Asociación de Municipios de Tarija (AMT), Asunción Ramos, cuestionó duramente el levantamiento de la subvención a los carburantes dispuesto por el Gobierno nacional y pidió retroceder con el actual decreto, al considerar que fue mal diseñado y que está generando un impacto negativo generalizado en la población.
}De manera coloquial, Ramos afirmó que con esta medida “lo han cagado”, reflejando el malestar existente entre los gobiernos municipales.
Ramos señaló que, como Asamblea de Municipios del departamento de Tarija, se solicitó formalmente al Ejecutivo reconsiderar el decreto y dar un paso atrás, para luego trabajar una nueva normativa que sea consensuada con todos los departamentos, instituciones y sectores del país. A su criterio, una decisión de esta magnitud no puede ser tomada de forma unilateral, sino que debe involucrar a alcaldías, asambleístas, concejales, diputados y senadores.
El dirigente municipal advirtió que el incremento en el precio del combustible, tanto de la gasolina como del diésel, afecta a todos los bolivianos sin excepción, ya que el combustible es clave para el transporte de productos y servicios. En ese sentido, explicó que aunque no todo se fabrique con carburantes, prácticamente todo se moviliza con ellos, lo que termina encareciendo el costo de vida.
Asimismo, Ramos remarcó que la AMT no se opone a debatir una salida a la crisis económica ni a una eventual reducción gradual de la subvención, pero insistió en que esta debe ser producto de un acuerdo nacional, especialmente con el sector del transporte, que es uno de los más afectados por el alza de los carburantes.
En otro punto, el presidente de la AMT aclaró que las medidas de contención social anunciadas por el Gobierno, como el incremento de la Renta Dignidad a 500 bolivianos, no son financiadas por el nivel central, sino por los municipios a través de recursos como el IDH y las regalías. Indicó que el monto de 350 bolivianos ya era cubierto por las alcaldías y que el aumento se da sin un incremento paralelo de los recursos.
Finalmente, Ramos expresó su preocupación por la sostenibilidad económica de los municipios, que además del impacto del combustible deben afrontar el aumento del salario mínimo y otras obligaciones, en un contexto de crisis. Señaló que la situación financiera de las alcaldías es incluso más crítica que la del nivel central y reiteró su llamado a que las autoridades nacionales y legislativas “se pongan la camiseta” y reflexionen sobre un decreto que, afirmó, necesita ser corregido con urgencia.
