Las fuerzas políticas representadas en la Asamblea Legislativa llegaron este martes a un acuerdo para aprobar una ley transitoria que garantice el funcionamiento del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), actualmente con solo cuatro magistrados en ejercicio tras la salida de los prorrogados. El consenso fue alcanzado en una reunión convocada por el vicepresidente del Estado, Edmand Lara, con la presencia de todos los jefes de bancada, a excepción del MAS.
El acuerdo incluye también el compromiso de reactivar el proceso de preselección de candidatos para cubrir cinco vacancias en el TCP y dos en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Además, se definió que las elecciones judiciales se realizarán en 2026, con una fecha tentativa en junio para completar la designación de las autoridades faltantes.
La jefa de bancada de Libre en el Senado, Tomasa Yarhui, confirmó que existe coincidencia entre las fuerzas políticas respecto a establecer límites claros para evitar nuevas prorrogas en los cargos judiciales. En esa línea, Lara aseguró que no permitirán “decretazos” ni suplencias para cubrir las acefalías y que la ley transitoria será la vía para garantizar el funcionamiento del TCP en su composición actual.
Debido a que la normativa vigente permite solo un proceso electoral por año, será necesario ajustar la ley para habilitar las elecciones judiciales de 2026, ya que en marzo de ese mismo año están previstos los comicios subnacionales. Este punto será trabajado de forma paralela por las bancadas.
En la reunión también se abordó la necesidad de recuperar las interpelaciones legislativas, suspendidas desde que una Sala Constitucional de La Paz frenó este mecanismo tras la censura del exministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, durante el gobierno de Luis Arce. Lara afirmó que esta prerrogativa del Legislativo será restituida.
Asimismo, se acordó conformar comisiones mixtas para investigar hechos irregulares en anteriores administraciones. Según Lara, existe consenso —excepto por el MAS— para impulsar pesquisas sobre actos de corrupción que hayan provocado daño económico al Estado en el gobierno pasado y en gestiones anteriores.
Los acuerdos alcanzados serán trabajados en proyectos normativos que permitirán dar continuidad institucional al sistema judicial y reactivar los mecanismos de fiscalización parlamentaria, considerados esenciales para la nueva etapa política del país.
Vía: El Día