La concejal municipal Raquel Ramos denunció que el gobierno municipal pretende legalizar la entrega de planimetrías mediante la aprobación de la Ley 510, elevando a rango legal decretos municipales que, según ella, permitieron irregularidades en la gestión de terrenos urbanos.
Ramos explicó que estos decretos, originalmente reglamentarios de la Ley 268, no beneficiaron a los barrios consolidados, para los cuales la normativa inicial estaba destinada, sino que favorecieron otros proyectos de manera directa a llevar los tramites con Derechos Reales y el gobierno municipal, evadiendo el concejo.
Ramos señaló que más de 40 planimetrías tipo uno fueron aprobadas mediante estos decretos sin pasar por el Consejo Municipal y sin conocimiento de las áreas responsables de la gestión de áreas verdes, generando dudas sobre el impacto ambiental y urbanístico en la ciudad. La concejal afirmó que la Ley 268, ahora abrogada, buscaba proteger los derechos de los barrios consolidados, que hasta la fecha siguen sin recibir la aprobación correspondiente de sus planimetrías.
La edil criticó que el gobierno municipal, a través de la Ley 510, busque incorporar los decretos reglamentarios en una ley, lo que a su juicio equivaldría a legalizar actuaciones discrecionales y fuera de norma que afectan la planificación urbana. “No se puede aprobar en una ley dos decretos que son competencia netamente del gobierno municipal”, aseguró, subrayando que la medida perjudica a los barrios que deberían haber sido beneficiados inicialmente.
Ramos aclaró que no participará en la sesión de aprobación de la Ley 510, y reiteró que su posición es de oposición a la legalización de estas irregularidades, a pesar de que el gobierno municipal busca justificar sus acciones mediante modificaciones y observaciones incorporadas en la nueva normativa.
La concejal también denunció que el Consejo Municipal ha quedado prácticamente sin equipo jurídico, debido a que los abogados trabajan conjuntamente con el gobierno municipal, lo que complica la supervisión y control de los procesos de aprobación de planimetrías y podría afectar la transparencia del procedimiento.
Finalmente, Ramos insistió en que no es necesaria una nueva ley para dar continuidad a los proyectos iniciados bajo la Ley 268 y que el principio de ultraactividad establece que cada proyecto debe concluir bajo la normativa que lo inició. La concejal hizo un llamado a la ciudadanía y a los abogados del Consejo para resguardar los derechos de los barrios consolidados y proteger las áreas verdes de la ciudad.
