La falta de consensos en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) ha incrementado el riesgo de que las elecciones subnacionales, previstas para marzo de 2026, sean postergadas. El retraso en la aprobación de la ley que regulará los comicios ha activado alertas en el Tribunal Supremo Electoral (TSE), que advierte que el límite técnico para aprobar la normativa ya fue sobrepasado.
El conflicto se agudizó el martes, cuando la Cámara de Diputados no alcanzó los dos tercios necesarios para dispensar el trámite y debatir la ley de manera directa en el pleno.
Ante esta falta de apoyos, el proyecto fue derivado a la Comisión de Constitución, donde tampoco prosperó un acuerdo para agilizar su tratamiento. Finalmente, la norma terminó enviada a un comité, lo que alarga aún más los plazos.
Los vocales del TSE recordaron que la ley debía aprobarse como máximo hasta esta semana, pues la organización de las elecciones requiere al menos 120 días de preparación. Con el actual retraso, ya no se cumplirían los tiempos establecidos, lo que compromete la fecha prevista del 22 de marzo para la votación.
De mantenerse el estancamiento legislativo, el país podría enfrentar un escenario inédito: una posible prórroga de mandato para alcaldes y gobernadores, cuyas gestiones concluyen el 4 de mayo de 2026. Este panorama genera preocupación en sectores políticos y sociales, que observan con inquietud el manejo del calendario electoral.
El principal punto de discordia en la ALP se centra en el plazo para que nuevas organizaciones políticas puedan participar. El proyecto original del TSE proponía ajustes a la Ley 1006 que permitirían habilitar a partidos o agrupaciones que obtengan su personería jurídica hasta un día antes de la convocatoria oficial. Sin embargo, en el Senado se modificó el texto para mantener el plazo de 90 días contemplado en la Ley 1096.
Estas modificaciones podrían dejar fuera de la contienda a al menos 16 agrupaciones políticas municipales y departamentales, según advirtió la presidenta del TED de Santa Cruz, María Cristina Claros. La preocupación se extiende a actores políticos emergentes que consideran que la reforma limita su participación.
En este clima de tensión, la alianza Libre denunció un intento del bloque PDC–Alianza Unidad de excluirlos de la competencia electoral. La diputada Lissa Claros acusó al oficialismo de querer evitar “una competencia sana”, mientras que el legislador Manolo Rojas respondió que su bancada no negociará con Libre y los acusó de poner “pretextos y excusas”, profundizando así el clima de polarización en el Legislativo.
Vía: El Día