El gobierno enfrenta su primera crisis interna luego de que el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, validara una sentencia ejecutoriada de tres años contra el ministro de Justicia, Freddy Vidovic, por los delitos de favorecimiento a la evasión y cohecho activo. Según Oviedo, el fallo —dictado en 2015 bajo procedimiento abreviado— inhabilita a Vidovic para ejercer cargos públicos, lo que fue comunicado oficialmente al presidente Rodrigo Paz.
El informe señala que el ministro de Justicia tendría sus derechos ciudadanos suspendidos, efecto directo de una condena firme. La revisión de antecedentes se activó tras una instrucción del presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo, lo que permitió identificar una sentencia que no figuraba en el Registro Judicial de Antecedentes Penales (Rejap), hecho que generó nuevas dudas y posibles futuras investigaciones.
Oviedo afirmó que la situación compromete la permanencia de Vidovic en el gabinete, al tratarse de un fallo ejecutoriado. La revelación desató un remezón político, al colocar al ministro de Justicia en un escenario de posible destitución y obligar al Ejecutivo a revisar la legalidad de su nombramiento a pocas semanas de asumir el cargo.
Vidovic respondió con firmeza a través de un comunicado en el que rechazó cualquier admisión de culpabilidad. Aseguró que el proceso abreviado al que se sometió en 2015 fue producto de persecución política en la era del MAS, marcada —según relata— por detenciones ilegales, amenazas y torturas en el marco del caso Belaúnde. Declaró que firmó documentos bajo coacción y que jamás fue notificado con la sentencia.
El ministro también alegó que la condena ya no debería surtir efectos, al haber sido suspendida condicionalmente y cumplirse más de ocho años desde su emisión. Citó la Constitución para sostener que solo existe impedimento cuando una sentencia ejecutoriada está pendiente de cumplirse, condición que, afirma, no corresponde a su caso. Anunció además la presentación de un recurso extraordinario de revisión.
La controversia dejó al gobierno en una posición inédita: dos ministerios estratégicos —Gobierno y Justicia— sostienen interpretaciones opuestas sobre la validez de la sentencia y sus efectos. El presidente Rodrigo Paz deberá decidir si destituye a Vidovic, lo ratifica temporalmente o aguarda el desenlace de sus acciones legales, en un conflicto que amenaza la estabilidad del nuevo gabinete.
En medio de la creciente tensión, el vicepresidente Edmand Lara respaldó públicamente a Vidovic, alineando la defensa del ministro con la lucha contra la corrupción que promueve el actual gobierno. La situación podría resolverse en las próximas horas, mientras crece la presión política y mediática sobre la permanencia del titular de Justicia.
