La asambleísta departamental Romina Salazar informó que un informe de la Contraloría General del Estado determinó que la eliminación del Servicio Departamental de Caminos (SEDECA) en 2022 fue una decisión arbitraria e ilegal, causando un daño económico de más de 10 millones de bolivianos. Según el documento, el Decreto Departamental 003/2022, emitido por el gobernador Óscar Montes, vulneró derechos laborales y generó responsabilidad civil para el gobernador y sus secretarios.
Salazar señaló que la Gobernación ignoró mandatos legales que exigían la reincorporación de los trabajadores despedidos, lo que derivó en el perjuicio económico. Además, aseguró que este informe es una prueba de que la disolución de SEDECA no se realizó de manera transparente y con apego a la normativa vigente.
Cuestionamientos al informe de la Contraloría sobre SEDECA y sesgo político
Por su parte, el abogado y exsecretario de gestión de la Gobernación, Jorge Bacotich, desestimó el informe de la Contraloría, calificándolo de preliminar y sin efectos legales inmediatos. También cuestionó la imparcialidad de la entidad y del Ministerio de Trabajo, señalando que actúan con un sesgo político contra la oposición.
Bacotich argumentó que otros gobiernos, como los de Evo Morales y Luis Arce, han cerrado entidades estatales mediante decreto sin enfrentar sanciones. Defendió que la autonomía departamental permite a Tarija definir su propia estructura de gobierno y aseguró que el caso será resuelto legalmente con pruebas de descargo.