
El alcalde de Tarija, Johnny Torres, calificó la marcha de padres de familia de las unidades educativas Eulogio Ruiz y Lidia Campos como una represalia política impulsada por la Fejuve Cercado, debido a la exigencia del municipio al Gobierno Nacional para financiar la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR).
Aseguró que varias demandas ya fueron atendidas, como la entrega de mobiliario y material escolar, y aclaró que el alcantarillado es competencia de Cosaalt.
Torres también explicó que el municipio invirtió más de 1.5 millones de bolivianos en obras para estas unidades educativas, recursos que pudieron destinarse a mobiliario, pero que fueron utilizados como contraparte exigida por el Gobierno. Además, anunció que se gestiona un crédito para atender el crecimiento de la demanda educativa en la ciudad.
Acuerdos
Tras la protesta, los padres de familia lograron un acuerdo con la Alcaldía, que se comprometió a dotar 140 sillas y 60 mesas en un plazo de 30 días para el bloque antiguo de la unidad educativa Lidia Campos. También se gestionará mobiliario para el nuevo bloque construido por la UPRE, además de mejoras en graderías, alcantarillado y mantenimiento de aulas.
El dirigente Valeriano Huarachi advirtió que los padres estarán vigilantes al cumplimiento de los compromisos. En caso de que la Alcaldía no cumpla, advirtió que retomarán las movilizaciones y llevarán las sillas y mesas deterioradas a la Alcaldía como medida de presión.
