Once de las doce personas detenidas por el avasallamiento al predio Patujú, en el municipio de Montero, fueron enviadas a prisión preventiva tras una audiencia cautelar desarrollada este domingo bajo fuerte resguardo policial. Solo uno de los implicados, identificado como estudiante, recibió medidas sustitutivas a la detención, según informó el Ministerio Público.
La Fiscalía imputó a los acusados por los delitos de avasallamiento, lesiones graves y leves, además de asociación delictuosa. Los hechos se enmarcan en la violenta toma del terreno, que derivó en enfrentamientos y daños a la propiedad privada, generando alarma entre los productores de la zona norte de Santa Cruz.
El operativo que permitió la aprehensión de los sospechosos movilizó a más de 500 efectivos de la Policía Boliviana. Las fuerzas del orden ingresaron al predio para liberar a varios trabajadores que se encontraban retenidos y restablecer el control del área, propiedad de la familia Vaca Díez.
El conflicto se remonta al pasado 27 de septiembre, cuando un grupo armado tomó por la fuerza el predio Patujú. Días después, el 3 de octubre, el propietario Pablo Vaca Díez y tres de sus empleados fueron secuestrados, situación que provocó indignación y llevó a las autoridades a desplegar un amplio operativo para su rescate.
Tras el violento incidente, la familia Vaca Díez recibió el respaldo de instituciones cívicas, empresariales y políticas. La Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), el Comité Pro Santa Cruz y la Gobernación cruceña condenaron el hecho y exigieron que el Estado actúe con firmeza ante los constantes avasallamientos en el departamento.
El gobernador Luis Fernando Camacho acudió personalmente al lugar para expresar su apoyo a los afectados y demandar justicia. “No se puede seguir permitiendo que grupos armados tomen tierras por la fuerza mientras el Gobierno guarda silencio”, declaró, en medio de un fuerte resguardo de seguridad.
Con la detención de los once implicados, la Fiscalía busca esclarecer la participación de otros posibles autores intelectuales y operativos del ataque. El caso Patujú se suma a una serie de conflictos por tierras en Santa Cruz, que han reavivado el debate sobre la seguridad jurídica y el control del territorio productivo en el oriente boliviano.
Vía: El Día