El vocero de la Gobernación de Tarija, Carlos Baldivieso, cuestionó la postura del binomio del PDC hacia el gobernador del departamento, calificando sus acciones como amedrentamiento y persecución política.
Según Baldivieso, mientras uno de los miembros del binomio “figuretea y miente”, el otro amenaza con procesos y cárcel a quienes piensan distinto, replicando un patrón de conducta que, a su juicio, recuerda la gestión del MAS a nivel nacional.
Baldivieso aseguró que estas acciones no cuentan con notificaciones formales y que buscan frenar la voluntad popular y generar temor entre las autoridades y la población que apoya a proyectos alternativos.
Señaló que, en Tarija, estas actitudes se reflejan en intentos de intimidar a quienes piensan diferente, sin ofrecer soluciones a los problemas reales del departamento ni del país.
El vocero destacó que el país enfrenta una situación económica delicada y que, en lugar de perseguir adversarios políticos, los actores del PDC deberían enfocarse en resolver los problemas que afectan a la población.
Asimismo, criticó que el binomio presente amenazas de cárcel como una estrategia política que considera “innoble” y perjudicial para la democracia.
Finalmente, Baldivieso afirmó que el gobierno departamental se mantiene enfocado en garantizar libertad y democracia, y rechazó las acusaciones y denuncias sin fundamentos que, según él, buscan distraer de los temas prioritarios para la ciudadanía.
Senador del PDC presenta denuncia contra gobernador de Tarija por presuntos delitos electorales
Diego Ávila, senador electo por el PDC, presentó un caso legal contra el ejecutivo departamental de Tarija, liderado por el gobernador Oscar Montes, por presuntas faltas y delitos electorales. Ávila acusa al gobernador de utilizar recursos públicos y realizar afirmaciones políticas durante el periodo electoral, calificando estas acciones como un ataque político basado en información falsa.
El proceso, iniciado la semana pasada ante el órgano electoral, se encuentra en etapa de reconocimiento de posibles delitos electorales. Ávila destacó que la denuncia busca establecer responsabilidades legales y garantizar que los funcionarios públicos no empleen bienes del Estado con fines partidarios o personales, reafirmando su compromiso de supervisión y control sobre las autoridades departamentales.