En medio de una preocupante ola de incendios forestales en el departamento, bomberos voluntarios de Tarija urgieron a las autoridades a imponer sanciones más severas contra quienes provoquen quemas ilegales y a reforzar las campañas de concientización tanto en áreas urbanas como rurales. Señalan que la falta de prevención y control está agravando la situación, poniendo en riesgo vidas humanas y el ecosistema local.
Las declaraciones se produjeron luego de intensas labores de mitigación en distintos puntos de la serranía, donde brigadas voluntarias combatieron focos de calor activos en las últimas semanas. Los bomberos sostienen que muchos de estos siniestros podrían haberse evitado si existiera una legislación más estricta y un trabajo preventivo sostenido.
“Nos estamos enfrentando a incendios que arrasan vegetación, ponen en peligro a personas, viviendas, fauna silvestre y hasta las fuentes de agua. No se puede seguir tratando con liviandad a quienes prenden fuego de manera irresponsable”, advirtió un jefe de cuadrilla, subrayando la gravedad de la situación.
Desde las organizaciones de voluntarios se advierte que la mayoría de los incendios surgen por chaqueos mal controlados, fogatas abandonadas o quema de basura en lugares no autorizados. En este sentido, exigen coordinación entre municipios y Gobernación para pasar de la reacción a la prevención.
Los bomberos consideran urgente actualizar y aplicar las normativas ambientales con sanciones ejemplificadoras, asegurando que las multas simbólicas actuales no desincentivan las prácticas ilegales. Además, plantean la necesidad de programas educativos permanentes en comunidades rurales, barrios periféricos y centros escolares, con información sobre daños ecológicos y riesgos para la salud.
El departamento de Tarija permanece en alerta durante la temporada seca, sobre todo en zonas como la serranía de Sama. Sin embargo, la escasez de recursos, equipos y personal limita la capacidad de respuesta. La demanda de los bomberos se suma a un creciente reclamo ciudadano que exige más responsabilidad institucional ante un problema que cada año deja profundas secuelas ambientales y sociales.
