En plena recta final hacia las elecciones del 17 de agosto, el sistema de pensiones se ha convertido en uno de los temas más polémicos del debate electoral. Propuestas como bajar la expectativa de vida para el cálculo de jubilación, implementar multifondos o permitir gestoras privadas han sido lanzadas por candidatos como Manfred Reyes Villa, Samuel Doria Medina y Tuto Quiroga. Sin embargo, tanto expertos como representantes de los jubilados consideran que lo primordial es modificar la Ley de Pensiones N°065 antes de introducir nuevos modelos.
El traspaso de la administración de los fondos previsionales a la Gestora Pública en mayo de 2023 desató una serie de críticas por la falta de transparencia y el escaso control social sobre los recursos. Reyes Villa, por ejemplo, plantea calcular las pensiones en base a una expectativa de vida de 75 años en lugar de más de 100, y garantizar una jubilación del 60% del salario. Desde Unidad, también se busca modificar los estudios actuariales que hoy reducen las pensiones por sobreestimar la longevidad.
Las propuestas más ambiciosas apuntan a crear un sistema de multifondos y permitir la coexistencia de administradoras privadas junto a la Gestora Pública. Según los frentes de Unidad y Libre, esto permitiría a los afiliados elegir dónde invertir sus aportes y adecuarse a distintos niveles de riesgo. Asimismo, se propone volver a permitir la renta vitalicia para asegurar ingresos estables de por vida al jubilado y realizar inversiones en UFVs o moneda extranjera para proteger los ahorros de una eventual devaluación.
Sin embargo, los representantes del Consejo Nacional de Jubilados y Rentistas (Conaljusip) han advertido que muchas de estas iniciativas no abordan los problemas estructurales del sistema. Rodolfo Ayala, dirigente del sector, informó que preparan un conversatorio el 8 de agosto con candidatos, autoridades y entidades vinculadas al sistema previsional para exigir cambios específicos a la Ley N°065. Entre sus demandas están la inclusión de los jubilados en la administración de la Gestora, el cambio de la moneda de inversión y la activación del control social.
Desde la sociedad civil, voces como la del investigador Federico Zelada sugieren una transformación aún más profunda. Zelada propone reintroducir parcialmente el sistema de reparto, aumentar los aportes patronales y exigir mayores contribuciones a quienes ganan sueldos elevados, para garantizar pensiones dignas. Plantea que al menos el 40% de los recursos se destinen directamente a los jubilados, sin pasar por intermediarios financieros o bonos estatales de bajo rendimiento.
Economistas como Germán Molina y Alberto Bonadona coinciden en que muchas de las reformas propuestas por los candidatos requerirían una modificación constitucional, ya que la Carta Magna establece que la administración de los fondos previsionales debe estar en manos del Estado. Además, advierten que la participación de gestoras privadas no garantiza mejores resultados, dado que las AFP anteriores no lograron mejorar la rentabilidad del sistema. Actualmente, la Gestora Pública administra más de Bs 196 millones y tiene bajo su cobertura a 2,7 millones de asegurados.
