El tratamiento del contrato de explotación de litio con la empresa china Hong Kong CBC Investment Limited se prolongó más allá de la medianoche en la Cámara de Diputados, debido a la alta cantidad de legisladores inscritos para intervenir. Hasta las 22:30 del martes, al menos 23 diputados solicitaron el uso de la palabra, cada uno con 30 minutos disponibles, lo que anticipó una sesión extensa y polémica.
El presidente de Diputados, Omar Yujra, confirmó que se agotaría la lista de oradores, pese a los cuestionamientos sobre la validez del debate, considerando que el contrato aún está bajo revisión del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). Algunos legisladores lanzaron advertencias sobre posibles consecuencias legales para quienes promuevan el acuerdo a pocos meses del final del actual mandato.
George Komadina, diputado de Comunidad Ciudadana (CC), fue uno de los más críticos. Advirtió al oficialismo y al Ministerio de Hidrocarburos que, al estar «de salida», no deberían comprometer al Estado con contratos millonarios. Por su parte, Walter Arizaga recordó que el TCP tiene en sus manos el análisis constitucional del convenio y anticipó que existen más probabilidades de un fallo desfavorable al Gobierno.
El monto del acuerdo, que asciende a 10 mil millones de dólares, generó preocupación entre varios parlamentarios, quienes alertaron sobre la posibilidad de procesos judiciales contra las autoridades que aprueben un contrato de esa magnitud en una gestión saliente. Arizaga cuestionó además la legalidad de avanzar en la aprobación mientras el tema aún está judicializado.
Durante el debate, el diputado Erick Pedrazas rememoró que Bolivia lleva más de tres décadas sin resolver la industrialización del litio. Señaló que ni los gobiernos neoliberales ni el Movimiento al Socialismo (MAS) en sus 14 años de hegemonía legislativa pudieron concretar una política efectiva sobre este recurso estratégico.
A lo largo de la sesión también se criticó duramente la decisión de votar de forma secreta sobre el contrato, una medida rechazada por la oposición, que exige mayor transparencia en una negociación que compromete recursos naturales y futuras generaciones. Pese a las advertencias, el tratamiento del contrato avanzó en su estación en grande y se prevé que el debate continúe en los próximos días.
Vía: El Deber