El Gobierno boliviano, a través del ministro de Justicia César Siles, formalizó este jueves una denuncia penal contra el expresidente Evo Morales y Susette Rodríguez por la presunta comisión de ocho delitos, incluyendo terrorismo, instigación a delinquir y atentados contra la seguridad pública. La denuncia fue presentada en La Paz y también alcanza a posibles cómplices y encubridores. Siles sostuvo que esta acción marca el inicio de una investigación formal basada en hechos recientes que comprometerían la estabilidad del país.
Los cargos se sustentan en una grabación de audio y video difundida por el dirigente campesino Freddy Capquique, donde Morales supuestamente instruye bloquear caminos y cercar la ciudad de La Paz. El Gobierno acusa al exmandatario de buscar desestabilizar al presidente Luis Arce. Siles indicó que se solicitará la conformación de una comisión de fiscales para investigar no solo la grabación, sino también los reportes periodísticos sobre el impacto de los bloqueos en la población.
Mientras tanto, el sector afín a Morales rechazó la autenticidad del audio y acusó al denunciante de actuar por conveniencia política, en busca de favores judiciales. No obstante, la verificación realizada por la plataforma ChequeaBolivia refutó esa versión y concluyó que la grabación es auténtica, tras aplicarse herramientas especializadas en detección de inteligencia artificial que descartaron manipulaciones digitales.
ChequeaBolivia también confirmó que la foto de perfil utilizada en la cuenta de WhatsApp desde la cual se difundió el audio coincidía con una imagen publicada por Morales en sus redes sociales en septiembre de 2023. Tras la denuncia pública, esa imagen fue cambiada, hecho que también fue documentado por la plataforma de verificación, reforzando la credibilidad de la prueba presentada por el denunciante.
Este nuevo episodio agudiza aún más la tensión entre el ala “arcista” y “evista” del Movimiento al Socialismo (MAS), en medio de una profunda fractura interna. Mientras el oficialismo avanza con la denuncia, el bloque leal a Morales sostiene que se trata de una persecución política destinada a inhabilitarlo electoralmente de cara a los comicios de 2025. La investigación ahora está en manos del Ministerio Público.
Vía: Los Tiempos