En una jornada marcada por tensiones políticas y jurídicas, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y el Tribunal Supremo Electoral (TSE) unificaron criterios y aseguraron que las elecciones generales del 17 de agosto se realizarán sin modificaciones ni suspensiones. Esta reacción surge luego de una serie de acciones de inconstitucionalidad presentadas por al menos cuatro organizaciones y personas que, según autoridades, buscan paralizar el proceso electoral.
El presidente del TSJ, Rómer Saucedo, calificó la situación como una “crisis institucional profunda” y exhortó a jueces del país a no dar curso a demandas que, bajo intereses personales, podrían desestabilizar el orden democrático. Advirtió que se tomarán acciones legales contra jueces que intenten frenar las elecciones por medio de fallos judiciales, llamando a la responsabilidad y al compromiso con la democracia.
Pocas horas después, el TSE y el TCP ofrecieron una declaración conjunta en la que reafirmaron su compromiso con el proceso electoral. Óscar Hassenteufel, presidente del TSE, garantizó que las elecciones del 17 de agosto son “impostergables e ineludibles”, mientras que el decano del TCP, René Espada, ratificó que ningún recurso en trámite interferirá con los comicios, asegurando que se denunciará cualquier intento de presión política.
En paralelo, la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) presentó una acción de inconstitucionalidad abstracta ante el TCP, solicitando que se garantice la participación indígena en los comicios conforme al artículo 209 de la Constitución. Sin embargo, su asesor jurídico, Luis Ardaya, expresó desconfianza en la respuesta del TCP y anunció que acudirán ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Pese a los intentos de sectores políticos por cuestionar el proceso electoral —incluidos actores del oficialismo y la oposición—, los órganos del Estado cerraron filas para disipar dudas y garantizar un proceso democrático ordenado. El respaldo institucional al calendario electoral pretende contener el clima de incertidumbre y evitar un nuevo episodio de conflictividad política en el país.
Vía: El Deber