El jurista criticó que el Tribunal Supremo de Justicia adopte métodos de presión propios de los movimientos sociales. Señaló que la crisis presupuestaria afecta a todo el aparato estatal, pero los operadores de justicia deben recurrir a la ley y a acciones constitucionales en lugar de la amenaza.
El anuncio de una posible huelga en los estrados judiciales ha encendido las alarmas en el ámbito jurídico y analítico del país. El abogado constitucionalista Esteban Ortuño criticó con dureza el anuncio de un posible paro judicial, al considerar que este tipo de medidas de presión no son adecuadas ni pertinentes para un Órgano del Estado.
A su criterio, la advertencia coloca al Poder Judicial al mismo nivel metodológico que los sectores sociales que recurren históricamente a los bloqueos y paros. Según su análisis, esta situación no solo degrada el rol de la justicia, sino que refleja una profunda debilidad política del Gobierno nacional, al punto de que incluso los propios jueces y magistrados amenazan con paralizar sus funciones esenciales.
Para el constitucionalista, que las máximas autoridades judiciales del país recurran a la lógica del condicionamiento representa un síntoma preocupante de degradación social e institucional.
«Anunciar un paro judicial, y escalonado todavía, me parece que no es lo adecuado, y lo digo con mucho respeto para las autoridades judiciales. Estamos entrando a la misma lógica de la amenaza que las bolivianas y los bolivianos hemos estado sufriendo por más de 20 años. La lectura política de fondo es ver qué tan débil se encuentra el Gobierno nacional para que hasta los jueces se atrevan a amenazarlo con un paro. Si el sistema judicial ha perdido el juicio en este punto, estamos ante una situación límite como sociedad». — Esteban Ortuño, Abogado Constitucionalista.
La crisis presupuestaria es general y no justifica el perjuicio ciudadano
Ortuño reconoció de manera abierta que el sistema judicial boliviano atravesará serias dificultades económicas en su flujo operativo, pero aclaró que esta asfixia financiera no es exclusiva de los tribunales. El jurista recordó que los problemas de liquidez golpean hoy en día de forma idéntica a todos los sectores del Estado, incluyendo a los ministerios, las gobernaciones departamentales y los gobiernos autónomos municipales.
El analista expuso los argumentos por los cuales los juzgadores no deben abandonar sus cargos:
- Naturaleza de la función: Ejercer la magistratura o ser juez es una responsabilidad de alta complejidad y vocación que no puede supeditarse únicamente a los incentivos salariales de coyuntura.
- Garantía del servicio: Las limitaciones del presupuesto no pueden poner en duda la calidad mínima de la justicia ni transformarse en una excusa técnica para privar a la ciudadanía de su derecho constitucional al debido proceso.
- Riesgo en estado de excepción: El jurista advirtió la gravedad jurídica de promover huelgas en momentos políticos complejos, señalando que el Órgano Ejecutivo se vería legalmente facultado para ordenar la investigación penal del Presidente del Tribunal Supremo de Justicia por incitar a la paralización de servicios públicos esenciales.
Exigen el uso de herramientas legales en lugar de la protesta callejera
El núcleo de la crítica del constitucionalista radica en la contradicción de que los máximos conocedores y aplicadores del derecho en Bolivia ignoren los mecanismos jurisdiccionales vigentes para resolver controversias institucionales. Ortuño enfatizó que la negociación presupuestaria entre los diferentes poderes del Estado siempre ha existido en la historia del país, pero que esta debe basarse en el diálogo y la técnica jurídica, no «poniendo una pistola o una amenaza sobre la mesa».
Finalmente, el profesional sugirió que el Tribunal Supremo de Justicia y el Consejo de la Magistratura activen las herramientas que la misma Constitución les otorga para exigir el cumplimiento de sus partidas financieras. En lugar de convocar a huelgas que perjudican al litigante común, el experto señaló que las autoridades del área deberían interponer acciones de cumplimiento, activar amparos constitucionales o plantear medidas judiciales de última ratio que obliguen de manera legal al Tesoro General a desembolsar las contrapartes correspondientes, preservando la dignidad y la jerarquía de un Órgano del Estado.