El Gobierno nacional descartó de manera tajante cualquier posibilidad de renuncia del presidente Rodrigo Paz o de su gabinete, en medio de la creciente tensión social y los hechos de violencia registrados durante las movilizaciones en la ciudad de La Paz.
El canciller Fernando Aramayo calificó como “absurdo” que se plantee una eventual dimisión presidencial a solo seis meses de gestión, luego de las protestas y enfrentamientos que marcaron el inicio de la tercera semana de conflictos en el país.
La autoridad afirmó que el Ejecutivo no cederá ante presiones ni negociará espacios de poder bajo medidas de fuerza. Además, advirtió que quienes estén involucrados en actos violentos deberán responder ante la justicia boliviana.
Durante este lunes, el centro paceño vivió una de las jornadas más violentas desde el inicio de las movilizaciones. Grupos movilizados protagonizaron ataques a bienes públicos y privados, con vehículos incendiados, oficinas destruidas y daños a empresas e infraestructura urbana.
Aramayo aseguró que el conflicto se concentra principalmente en La Paz, donde confluyen sectores movilizados afines al expresidente Evo Morales. Sin embargo, también se reportaron interrupciones en rutas estratégicas como Cochabamba-Oruro y Cochabamba-Sucre.
El Gobierno sostiene que no permitirá que las protestas deriven en una ruptura del orden democrático y reiteró que la única vía para resolver el conflicto es el diálogo sin violencia ni condicionamientos políticos.
En paralelo, el Ejecutivo intensificó las gestiones diplomáticas para buscar respaldo internacional frente a la crisis. Según el canciller, varios gobiernos expresaron su apoyo institucional a la administración de Rodrigo Paz.
Aramayo también confirmó que hubo pronunciamientos de respaldo desde Estados Unidos y adelantó la visita de embajadores acreditados ante la Organización de Estados Americanos, quienes verificarán en terreno el nivel de conflictividad y los daños ocasionados por las protestas.
El endurecimiento del discurso oficial se produce mientras continúan los operativos de seguridad y las investigaciones sobre los hechos violentos registrados en distintos puntos de La Paz y El Alto.
La crisis política y social mantiene en vilo al país, con bloqueos, movilizaciones y enfrentamientos que ya afectan el abastecimiento, la transitabilidad y la estabilidad institucional, mientras el Gobierno insiste en que no dará marcha atrás ni permitirá que las protestas definan el rumbo del poder político.
Vía: El Deber