La delegada de la Defensoría del Pueblo, Cecilia Bolívar, informó que la institución mantiene un monitoreo permanente de la situación de conflictividad que atraviesa el país, especialmente en los puntos de bloqueo y movilización registrados en diferentes regiones. Señaló que, además de emitir pronunciamientos públicos, la Defensoría realiza seguimiento a posibles vulneraciones de derechos humanos y coordina acciones para garantizar la atención de las demandas sociales.
Bolívar explicó que oficinas regionales de la Defensoría, principalmente en El Alto, Desaguadero y La Paz, se encuentran desplegadas las 24 horas en las zonas de conflicto. Indicó que una de las tareas principales ha sido facilitar corredores humanitarios para permitir el ingreso de insumos esenciales, como oxígeno medicinal, evitando así afectaciones al derecho a la salud y a la vida de la población.
La representante defensorial destacó que la institución también realizó seguimiento en celdas policiales donde permanecen personas aprehendidas durante las protestas. Añadió que se coordinó con Defensa Pública para garantizar el acceso a una defensa técnica adecuada a quienes fueron arrestados en el marco de los bloqueos y movilizaciones.
En ese contexto, reiteró el pedido del defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, para que el Gobierno nacional agote todos los espacios de diálogo con los sectores movilizados. Sin embargo, también llamó a las organizaciones sociales y manifestantes a asumir una postura abierta a la concertación y búsqueda de consensos, priorizando necesidades legítimas por encima de posiciones rígidas que dificulten acuerdos.
Bolívar recordó que el derecho a la protesta y la libertad de expresión son derechos humanos reconocidos, pero advirtió que las movilizaciones pierden legitimidad cuando derivan en hechos de violencia o afectan a terceros, especialmente al impedir el acceso a alimentos, atención médica e insumos básicos. Afirmó que estas restricciones ya están generando repercusiones a nivel nacional.
Finalmente, señaló que las demandas sociales continúan ampliándose en varios departamentos como La Paz, Chuquisaca y Potosí, mientras que en Tarija todavía no se reportan conflictos de gran magnitud. No obstante, alertó que algunas rutas de acceso al departamento ya comienzan a verse afectadas por bloqueos provenientes de otras regiones, situación que, dijo, debe ser atendida por el Estado mediante mecanismos de diálogo y coordinación institucional.