El gobernador de Tarija, Oscar Montes, informó que la Gobernación atraviesa una situación financiera crítica luego de recibir apenas 17,8 millones de bolivianos por concepto de regalías, monto que resulta insuficiente para cubrir las obligaciones inmediatas de la institución. Según explicó, la mayor parte de estos recursos ya se encuentra comprometida en pagos de deuda y obligaciones judiciales, lo que reduce considerablemente la capacidad operativa del gobierno departamental.
Del total recibido, alrededor de 9,5 millones deben destinarse al pago de créditos con entidades financieras, principalmente el FNDR y el Banco BISA. A ello se suman otros 3,5 millones correspondientes al cumplimiento de una sentencia judicial vinculada a proyectos de gestiones pasadas, lo que deja a la Gobernación con aproximadamente cuatro millones de bolivianos disponibles, cuando se requieren al menos ocho millones para cubrir sueldos y salarios.
Ante este escenario, Montes señaló que existe un déficit inmediato de cerca de tres millones de bolivianos solo para el pago de personal, situación que obligó a sostener reuniones con la Asamblea Legislativa Departamental para buscar alternativas que permitan cumplir con las obligaciones laborales. La autoridad aseguró que se evalúa el uso de recursos propios y otras fuentes de financiamiento para evitar retrasos en los pagos.
El gobernador planteó además tres medidas que considera urgentes para enfrentar la crisis económica. La primera consiste en gestionar ante el Gobierno nacional la reprogramación de las deudas, especialmente las contraídas con el FNDR, que aún superan los 500 millones de bolivianos. La segunda apunta a mejorar los ingresos por regalías mediante un trato preferencial que permita priorizar la exportación de gas, ya que —según indicó— el abastecimiento al mercado interno no genera recursos para el departamento.
Como tercera medida, Montes sugirió que la Asamblea Departamental revise y modifique más de 90 leyes vigentes que imponen obligaciones financieras a la Gobernación y que, en la actualidad, resultan imposibles de cumplir debido a la caída de ingresos. A su criterio, estas normativas incrementan la presión presupuestaria y limitan la sostenibilidad institucional.
Finalmente, la autoridad reconoció que estas soluciones deberán ser encaradas por la próxima administración, ya que su gestión se encuentra en la recta final. Señaló que, pese a haber realizado gestiones ante el Gobierno central para aliviar la carga económica del departamento, no obtuvo resultados, por lo que expresó su expectativa de que el próximo gobernador logre acuerdos que permitan superar la crisis financiera que enfrenta Tarija.