El viceministro de Transparencia Institucional, Yamil García, denunció públicamente haber recibido amenazas e intimidaciones a través de servicios de mensajería móvil y redes sociales, en las que se le conminó a dejar de investigar presuntas irregularidades en la Aduana Nacional. La autoridad aseguró que estos hechos no frenarán el trabajo que realiza el Ejecutivo en materia de lucha contra la corrupción.
García afirmó que los mensajes intimidatorios fueron enviados desde perfiles recientemente creados, principalmente vía Facebook, y remarcó que se trata de un intento directo de amedrentamiento. “No nos van a callar ni nos van a parar”, sostuvo, al dejar en claro que no tolerarán ningún acto de obstaculización a las investigaciones en curso.
En respuesta a la defensa asumida por la exgerente de la Aduana Nacional, el viceministro aclaró que la información difundida por su despacho no es reservada y que solo una autoridad judicial puede limitar el acceso a este tipo de datos. Además, precisó que las denuncias no están relacionadas con la vida privada de ninguna persona, sino con el manejo de recursos públicos, que pertenecen a todos los bolivianos.
La autoridad reveló que, a la fecha, el Viceministerio de Transparencia ha recibido alrededor de 30 denuncias contra la Aduana Nacional, y advirtió que cada día surgen nuevos hallazgos, elementos e irregularidades que, por obligación legal, deben ser investigados, denunciados y puestos en conocimiento de la población.
Entre los casos observados, García mencionó la compra de un terreno por 2,7 millones de bolivianos, cuyo avalúo —realizado en 2022 por una consultora contratada por la propia Aduana— establecía un valor de 1,4 millones, evidenciando una devaluación atípica de 1,3 millones de bolivianos en el tiempo. Asimismo, citó un contrato modificatorio que redujo el espesor de un material de construcción, pero que, de manera contradictoria, incrementó el costo del proyecto en 1,8 millones de bolivianos.
Finalmente, el viceministro señaló que existen coincidencias reiteradas entre contratistas y supervisores que habrían participado en distintos proyectos de la Aduana a nivel nacional, lo que refuerza las sospechas de irregularidades estructurales. Anunció que en los próximos días se harán públicas nuevas denuncias y hallazgos, reiterando que las amenazas no detendrán el proceso de fiscalización.