La Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB) solicitó al Gobierno nacional la emisión urgente de un decreto supremo que permita el reajuste de precios de los contratos de construcción entre un 30% y 40%, debido al sostenido incremento en el costo de los insumos, la mano de obra y la maquinaria, situación que —según el sector— ha vuelto insostenible la ejecución de obras públicas con precios antiguos.
El presidente de la SIB, Pascual Velázquez, explicó que esta demanda es compartida por todo el sector de la construcción y fue expuesta recientemente en una marcha y plantón pacífico en la ciudad de La Paz, frente al Ministerio de Economía. Señaló que desde hace varios meses la Cámara Boliviana de la Construcción viene impulsando un proyecto de decreto supremo orientado tanto al reajuste de precios como a la reactivación económica del rubro.
Velázquez detalló que el encarecimiento de los materiales se ha agravado en los últimos dos años, inicialmente por la escasez de dólares, que elevó los costos de los insumos importados, y posteriormente por la falta de combustible, que generó paralizaciones parciales en las obras. A ello se sumó la eliminación de la subvención a los carburantes, una medida que —aunque fue respaldada por el sector— tuvo un impacto directo en el alza de los costos de producción nacional.
El dirigente advirtió que el incremento no solo afecta a los materiales, sino también a la mano de obra, debido al ajuste del salario mínimo nacional, así como al transporte, maquinaria y equipos, cuyos costos se elevaron considerablemente tras la liberación del precio de los combustibles. Esta combinación de factores, afirmó, ha desestabilizado financieramente numerosos proyectos en ejecución.
Según estudios elaborados por constructores y consultores, el reajuste necesario para equilibrar los contratos oscila entre el 30% y 40%, y debe aplicarse no solo a las empresas constructoras, sino también a consultores y supervisores, abarcando a todo el conjunto del sector. Velázquez aclaró que el principal problema se concentra en la obra pública, ya que al tratarse de recursos del Estado se requiere obligatoriamente un instrumento legal para autorizar cualquier modificación contractual.
Finalmente, el presidente de la SIB informó que las movilizaciones del sector se encuentran en cuarto intermedio, a la espera de una reunión programada para este miércoles en el Viceministerio de Economía, instancia que tiene la facultad de revisar y viabilizar el decreto supremo. El sector espera una respuesta favorable que permita destrabar proyectos, preservar fuentes de empleo y contribuir a la reactivación económica, considerando que la construcción genera cerca de un millón de empleos en el país.