El asambleísta departamental José Yucra, identificado como simpatizante de Evo Pueblo, anunció que impulsará acciones legales para buscar la inhabilitación de Mario Cossio como candidato a la Gobernación de Tarija, una vez que el Tribunal Electoral Departamental (TED) emita una determinación sobre la demanda presentada por el presunto incumplimiento del requisito de residencia de dos años en el departamento.
Yucra señaló que, tras conocerse la resolución del TED, presentará una acción formal respaldada con documentación, con el objetivo de que se revise cualquier posible habilitación del exgobernador. Afirmó que, más allá del tema de residencia, existen impedimentos legales de mayor peso que deben ser considerados por la autoridad electoral.
Entre los argumentos expuestos, el asambleísta sostuvo que Mario Cossio cuenta con tres sentencias ejecutoriadas, lo que —a su criterio— imposibilita su habilitación como candidato. Detalló que la Sentencia 012/2017 corresponde al caso de la piscina olímpica; la Sentencia 05/2018 está vinculada a un proceso por enriquecimiento ilícito, con una condena de seis años de privación de libertad; y la Sentencia 018/2016 refiere al caso carretero Vía Tojo–La Perdiguera, con una pena de dos años y seis meses en el penal de Morros Blancos.
Yucra remarcó que estas resoluciones judiciales se encuentran firmes y ejecutoriadas, por lo que constituyen cosa juzgada, descartando que actualmente exista documentación oficial que avale la anulación de dichas sentencias, pese a solicitudes realizadas por Cossio bajo el argumento de rebeldía.
En ese marco, el legislador enfatizó que el TED no debe limitar su análisis únicamente al requisito de residencia, sino también evaluar las sentencias judiciales vigentes que pesan contra el exmandatario departamental, conforme a la normativa electoral y la Constitución Política del Estado.
Finalmente, Yucra manifestó que, si bien le gustaría que la población tarijeña elija libremente a sus autoridades mediante el voto, sostuvo que no se puede permitir la habilitación de un candidato que, según sus argumentos, vulnera la normativa vigente, la Ley del Órgano Electoral y disposiciones constitucionales, más aún cuando existen procesos ejecutoriados que —afirmó— se encuentran en flagrancia.