Los decretos supremos 5503 y 5515, promulgados por el presidente del Estado, Rodrigo Paz Pereira, quedaron en el centro de una creciente disputa jurídica y política, luego de que en los últimos días se presentaran al menos cinco recursos judiciales que buscan frenar su aplicación.
Del total de acciones legales, dos corresponden a acciones populares interpuestas por el jurista Wilmer Vásquez en las ciudades de Santa Cruz y La Paz. En el primer caso, la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz admitió la demanda y fijó audiencia para este viernes a partir de las 13:00, abriendo el primer frente judicial concreto contra los decretos.
Paralelamente, tres acciones de inconstitucionalidad abstracta fueron presentadas ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). Estas demandas cuestionan la legalidad de los decretos desde el ámbito constitucional y podrían derivar en su suspensión o anulación definitiva.
Dos de esas acciones fueron impulsadas en diciembre por el presidente de la Asamblea Legislativa Departamental de Cochabamba, Juan Carlos Irahola. La primera está dirigida contra el Decreto Supremo 5503 y la segunda contra el Decreto Supremo 5515, ampliando el alcance del cuestionamiento jurídico.
A estos recursos se suma la acción presentada por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), a través del senador Wilder Véliz, quien también interpuso una acción de inconstitucionalidad abstracta contra el Decreto Supremo 5503, reforzando la presión política desde el Legislativo.
En medio de este escenario, el vicepresidente del Estado y presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Edmand Lara, anunció la presentación de un proyecto de ley con el objetivo de frenar la vigencia de ambos decretos, trasladando el debate al ámbito parlamentario.
Lara exhortó a senadores y diputados a respaldar la iniciativa y llamó a “pensar en el país”, asegurando que la solución a lo que calificó como decretos inconstitucionales debe surgir desde la Asamblea, en un contexto de creciente tensión entre el Ejecutivo, el Legislativo y el sistema judicial.
Vía: El Deber