El conflicto entre el Gobierno nacional y la Central Obrera Boliviana (COB) se profundiza, luego de que el Ejecutivo insistiera en retomar el diálogo, mientras la dirigencia sindical ratificó la convocatoria a nuevos bloqueos para este viernes 9 de enero en la ciudad de La Paz, en rechazo al Decreto Supremo 5503.

Durante la mañana de este jueves, las conversaciones entre ambas partes quedaron en pausa y su reinstalación fue anunciada para horas de la tarde. Sin embargo, hasta las 20:00 no se concretó el encuentro, lo que incrementó la incertidumbre sobre un posible acercamiento entre el Gobierno y la dirigencia obrera.
En paralelo, la COB difundió un comunicado en el que ratifica las determinaciones del cabildo nacional, instruyendo bloqueos de carreteras y calles de manera indefinida hasta lograr la abrogación total del Decreto Supremo 5503. La convocatoria está dirigida a confederaciones, federaciones nacionales, la COD La Paz y la COR El Alto, con concentración prevista desde las 8:00.
El documento enfatiza que la movilización responde a la defensa de los derechos laborales, económicos y sociales de los trabajadores, y rechaza cualquier salida que no implique la eliminación completa de la norma cuestionada.
La COB también desmintió versiones sobre un supuesto preacuerdo con el Ejecutivo, asegurando que no existe ningún entendimiento previo. Según la dirigencia, hablar de consensos es un intento de desinformar a la población y debilitar las medidas de presión en curso.
Desde el Gobierno, en tanto, se confirmó la decisión de realizar ajustes en 35 de los 120 artículos del Decreto Supremo 5503, manteniendo su vigencia general. Las autoridades sostienen que estos cambios responden a observaciones técnicas y no alteran el espíritu de la norma.
La viceministra de Autonomías, Andrea Barrientos, explicó que las modificaciones serán de forma y no de fondo, e incluirán precisiones como el respeto expreso a la Constitución Política del Estado y el control social, sin afectar recursos ni derechos.
Barrientos defendió el decreto al señalar que se trata de un “sinceramiento de la economía” que apunta a una política de austeridad para estabilizar el país y, posteriormente, generar riqueza, mientras el conflicto social se mantiene abierto y con riesgo de escalar en las próximas horas.
Vía: El Deber
