La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) tiene desde marzo de 2026 un proyecto de ley que plantea la devolución del 12% del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) retenido por el Gobierno nacional mediante la Ley 767, normativa que creó el Fondo de Promoción a la Inversión en Exploración y Explotación Hidrocarburífera.
El impulsor de la iniciativa es el diputado tarijeño José Luis Porcel, quien aseguró que el tratamiento de la propuesta dependerá principalmente de la voluntad política del Ejecutivo y de las directivas de las cámaras de Diputados y Senadores.
Porcel recordó que la Ley 767 fue promulgada en 2015 y permitió la retención del 12% de los recursos del IDH destinados a regiones productoras de hidrocarburos. Aunque durante el gobierno transitorio de Jeanine Áñez se realizó una devolución parcial debido a la pandemia del Covid-19, la confiscación de recursos continuó en las siguientes gestiones.
Según estimaciones presentadas por el legislador, entre 2016 y 2025 las regiones afectadas dejaron de percibir más de 96 millones de bolivianos debido a esta retención, situación que agravó la crisis financiera de gobernaciones, municipios y universidades públicas.
El proyecto de ley presentado el 10 de marzo de 2026 busca abrogar completamente la Ley 767 y devolver esos recursos a las regiones productoras, principalmente a departamentos como Tarija, que dependen en gran medida de los ingresos hidrocarburíferos.
La propuesta tomó fuerza tras el encuentro de autoridades realizado en Cochabamba, donde el alcalde de Tarija, Johnny Torres Terzo, planteó públicamente la necesidad de recuperar esos recursos para enfrentar la crisis económica y garantizar el funcionamiento de alcaldías, gobernaciones y universidades.
Torres sostuvo que la devolución del 12% del IDH podría convertirse en un alivio financiero temporal mientras avanza el debate nacional sobre la redistribución de recursos de coparticipación tributaria, propuesta conocida como el “50-50”.
En la misma línea, el vocero de la Alcaldía de Tarija, Adrián Vega, afirmó que la retención mensual del IDH representa una “confiscación” que afecta directamente a las regiones y limita las inversiones en áreas prioritarias como salud, educación y servicios básicos.
Mientras tanto, el Gobierno nacional aún no emitió una posición oficial sobre el proyecto de ley ni sobre la posibilidad de devolver los recursos retenidos. Aunque el Ministerio de Economía anunció adelantos de desembolsos de IDH y regalías para mejorar la liquidez de las regiones, la retención del 12% continúa vigente.
Además, surgieron dudas sobre el destino de los recursos acumulados en el Fondo de Promoción Hidrocarburífera, administrado a través del Banco Central de Bolivia. Desde las regiones advirtieron que el fondo, que hasta 2024 habría superado los 400 millones de dólares, pudo haber sido utilizado para otros fines, lo que aumenta la presión política para transparentar su manejo y devolver los recursos a los departamentos productores.