El asambleísta departamental Luis Lema denunció que, según datos proporcionados recientemente por la directora de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), un 30% del combustible importado por Bolivia en los últimos tres años habría sido desviado al contrabando.
Lema sostuvo que esta cifra representa un daño económico de magnitud histórica y refleja una estructura institucional debilitada y cooptada por intereses políticos y sindicales.
Con base en cifras oficiales, el país importó 8.958 millones de dólares en combustibles entre 2022 y 2024. Aplicando el porcentaje de desvío señalado por la ANH, el parlamentario estimó que aproximadamente 2.687 millones de dólares fueron robados en ese periodo. Detalló además los montos de importación por año: 925 millones en 2022, 896 millones en 2023 y 865 millones en 2024, lo que, según él, confirma que el monto sustraído equivale prácticamente a un año completo de importación de carburantes.
Lema afirmó que este problema va más allá del contrabando y se relaciona con la estructura interna de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), la cual —según su análisis— habría sido tomada en las últimas dos décadas por intereses político-sindicales que distorsionaron el funcionamiento de la empresa. Comparó la situación actual de YPFB con la crisis que atravesó COMIBOL hace cuatro décadas, cuando la estatal minera colapsó debido a su sobredimensionamiento y mala administración.
El asambleísta recordó que desde hace más de dos años viene advirtiendo públicamente sobre el robo de combustibles y identificando cuatro sectores que, según él, alimentan esta fuga: el contrabando, la minería ilegal, el narcotráfico y los vehículos indocumentados. Señaló que el Gobierno central —y particularmente la ANH— tiene una responsabilidad directa porque la institución es la encargada de fiscalizar el ingreso y distribución de los carburantes en el país.
Finalmente, Lema cuestionó la falta de acciones contundentes frente a un daño económico que considera “insostenible”, tomando en cuenta la elevada subvención estatal que supera los 3.000 millones de dólares anuales. Insistió en que debe identificarse a los responsables no solo para procesos penales, sino también para que devuelvan los recursos que —asegura— pertenecen a todos los bolivianos.
