El diputado nacional Rodrigo Fuenzalida informó que presentó una petición de informe escrito al Banco Central de Bolivia para conocer el destino de los recursos correspondientes al 12% del IDH retenido a gobernaciones, alcaldías y universidades del país desde la gestión 2016 hasta 2025.
Fuenzalida explicó que, junto a esta solicitud, también impulsa un proyecto de ley para la devolución de esos recursos y la abrogación de la Ley 767, norma mediante la cual se aplicó la retención destinada al fondo de exploración hidrocarburífera. Señaló que la preocupación surgió luego de que el ministro de Economía indicara que dichos recursos “ya no existirían”, porque habrían sido utilizados por el anterior gobierno para otros fines, entre ellos la compra de combustibles.
Ante esta situación, el legislador afirmó que se está exigiendo información detallada sobre cuánto dinero fue retenido mensualmente a las entidades subnacionales, cuánto permanece actualmente en las arcas del Banco Central y cuál fue el destino exacto de esos recursos.
Según el diputado, solo Tarija habría perdido más de 96 millones de bolivianos por esta retención, recursos que considera deben ser restituidos tanto a la Gobernación como a los municipios y a la universidad pública del departamento. Además, insistió en que el Gobierno nacional debe eliminar inmediatamente el descuento del 12% y establecer un mecanismo de devolución.
Fuenzalida advirtió que, en caso de confirmarse que el dinero fue utilizado para otros fines distintos a la exploración y explotación hidrocarburífera, podrían iniciarse procesos legales por una presunta malversación de recursos públicos, ya que la normativa establecía un destino específico para esos fondos.
Finalmente, indicó que el Banco Central tiene un plazo de entre 10 y 15 días para responder la petición de informe, la cual solicita datos detallados y desglosados por gobernaciones, municipios y universidades. Aseguró que, una vez recibida la información, se evaluarán las acciones legales y políticas necesarias para exigir la devolución de los recursos confiscados a Tarija y al resto de las regiones del país.