El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, firmó la abrogación de la Ley 1720, atendiendo la principal demanda de la marcha indígena y campesina que llegó desde Pando hasta La Paz tras más de un mes de movilizaciones y vigilias frente a la Asamblea Legislativa.
Durante su mensaje oficial, el mandatario explicó que la abrogación significa la eliminación total de la normativa. “Se acabó esa Ley”, afirmó, aunque aclaró que ahora corresponde trabajar en una nueva legislación agraria para todo el país.
Paz sostuvo que la futura ley de tierras deberá construirse mediante consensos amplios y procesos de socialización con todos los sectores involucrados. Según señaló, el objetivo es alcanzar una normativa “fuerte, justa y equilibrada”.
La decisión presidencial se produjo luego de que la Cámara de Diputados sancionara la Ley 417, que deja sin efecto la Ley 1720, norma aprobada originalmente el 26 de marzo y promulgada por el Ejecutivo el pasado 8 de abril.
La vigencia de la Ley 1720 se extendió apenas durante 35 días, periodo en el cual organizaciones indígenas y campesinas del norte amazónico protagonizaron marchas y protestas exigiendo su eliminación inmediata.
La movilización partió desde el departamento de Pando y recorrió varios kilómetros hasta llegar a la sede de gobierno. Los manifestantes instalaron una vigilia permanente en inmediaciones del Parlamento mientras exigían la aprobación de la ley de abrogación.
El Gobierno espera que la decisión contribuya a desactivar las protestas y reducir la tensión social generada en torno a la normativa agraria. Sin embargo, sectores sociales mantienen expectativa sobre el contenido de la futura propuesta legislativa.
Aunque la Presidencia difundió fotografías y un video de la firma del documento, hasta horas de la noche la abrogación aún no había sido publicada oficialmente en la Gaceta Oficial del Estado, debido a que todavía restaban algunos trámites legislativos y administrativos.
El Ejecutivo prevé que el documento definitivo sea remitido formalmente este jueves, completando así el proceso legal para dejar sin efecto la controvertida norma cuestionada por sectores indígenas y campesinos.
Con la eliminación de la Ley 1720, el Gobierno abre una nueva etapa de debate nacional sobre la propiedad y uso de la tierra en Bolivia, en medio de la presión de distintos sectores productivos, indígenas y sociales que buscan participar en la elaboración de una nueva normativa agraria.
Vía: El Deber