El senador y presidente de la Cámara Alta, Diego Ávila Navajas, confirmó que el cumplimiento de la propuesta del presidente Rodrigo Paz Pereira, que plantea distribuir el 50% de los ingresos por coparticipación tributaria a los gobiernos subnacionales, exige la elaboración de una nueva Ley Marco de Autonomías y Descentralización. Esta transformación, aseguró, será profunda y estructural.
Ávila explicó que el nuevo modelo implicará redefinir facultades y competencias en los tres niveles del Estado, dado que la transferencia del 50% de los recursos deberá ir acompañada de responsabilidades suplementarias para gobernaciones, municipios y regiones. No se tratará únicamente de redistribuir fondos, sino de ampliar la capacidad de gestión de los niveles autónomos.
El legislador detalló que la reforma está directamente vinculada a áreas críticas como salud, educación y seguridad ciudadana. Según indicó, la mayoría de estas competencias hoy se manejan de forma compartida, lo que limita la autonomía operativa de los niveles subnacionales. Con la nueva ley, gran parte de estas potestades pasaría a depender plenamente de las autonomías.
Asimismo, Ávila remarcó que el actual marco legal transfiere competencias, pero no recursos suficientes, lo que mantiene a las autonomías sujetas a funciones principalmente relacionadas con infraestructura. Esta situación, afirmó, genera un vacío en la gestión de políticas públicas fundamentales para el desarrollo regional.
El senador recordó que, como ejemplo, en salud y educación los gobiernos subnacionales solo administran obras y mantenimiento, sin intervenir en decisiones de fondo, lo que dificulta una verdadera descentralización. El objetivo de la nueva ley sería equilibrar responsabilidades con financiamiento.
Pese a la urgencia política del 50-50, Ávila aclaró que la reforma no será inmediata. Subrayó que se trata de un proceso complejo que requerirá estudios, modelaje económico y análisis sobre el impacto en la inversión pública antes de redactar un nuevo instrumento jurídico. No será —dijo— una norma aprobada en cuestión de días o semanas.
Finalmente, agregó que este nuevo marco legal deberá garantizar que los recursos adicionales sean administrados de manera eficaz y alineada con las necesidades reales de cada región. Como ejemplo, mencionó que si se transfiere a la Policía el 10% del IDH, también deberán trasladarse atribuciones para participar en el diseño de políticas de seguridad, y no solo en la ejecución de gasto.
