Una nueva crisis se cierne sobre la Unión Europea tras el anuncio de Polonia, Hungría, Eslovaquia y la República Checa de que no acatarán el nuevo Pacto sobre Migración y Asilo impulsado por Bruselas. Los gobiernos de estos países han declarado su rechazo frontal a las cuotas obligatorias de acogida de solicitantes de asilo y aseguran que tampoco pagarán compensaciones económicas, desafiando directamente las normas comunitarias.
La Comisión Europea presentó esta semana una propuesta que busca aliviar la presión migratoria sobre países como Italia, España y Grecia, principales puntos de entrada a Europa. El mecanismo pretende distribuir la carga entre todos los Estados miembros mediante la reubicación de migrantes o, en su defecto, el pago de 20.000 euros por cada solicitante no aceptado. Sin embargo, la iniciativa ha sido duramente cuestionada por los gobiernos del Este, que consideran “inaceptable” esta obligación.
El primer ministro polaco, Donald Tusk, fue categórico: “Polonia no aceptará inmigrantes ni pagará por ello”, publicó en la red X. Su declaración refleja la presión interna que enfrenta, especialmente por parte de la oposición conservadora que exige mantener una política migratoria restrictiva. Desde Budapest, el líder húngaro Viktor Orbán sostuvo la misma línea, afirmando que su país no aplicará el pacto “ni acogerá a un solo inmigrante”.
Eslovaquia y la República Checa también se sumaron al rechazo. El eslovaco Robert Fico aseguró que su país no contribuirá al fondo de solidaridad de la UE, mientras que el primer ministro checo, Andrej Babiš, advirtió que el plan supone “una amenaza directa para la seguridad nacional”. En ambos casos, los gobiernos argumentan que la redistribución de migrantes compromete la soberanía y la estabilidad interna.
El pacto establece que todos los Estados miembros deben aportar solidaridad financiera o logística de acuerdo con su PIB y población. No obstante, permite que países bajo presión migratoria soliciten exenciones, algo que Polonia y la República Checa planean hacer. Cualquier excepción deberá ser aprobada por mayoría cualificada en el Consejo Europeo, un proceso que podría alargarse y complicar aún más la aplicación del plan.
Fuentes europeas citadas por Euronews reconocen que la Comisión enfrenta grandes dificultades para imponer la medida. Algunos diplomáticos admiten que la mayoría de los Estados preferirían evitar las reubicaciones por temor al costo político interno. “Si varios gobiernos se niegan a cumplir, será imposible multarlos a todos”, confesó un alto funcionario europeo, anticipando una aplicación desigual del pacto.
La tensión amenaza con profundizar la división entre el Este y el Oeste del continente. Mientras las naciones del sur reclaman solidaridad para gestionar los flujos migratorios, los países del bloque oriental reafirman su política de “fronteras cerradas”. El debate llegará a su punto decisivo en el Consejo Europeo del 18 y 19 de diciembre, donde los líderes de los Veintisiete intentarán salvar un acuerdo que hoy parece fracturar, una vez más, la unidad de la Unión Europea.
Vía: Euronews