El Gobierno de Ecuador anunció su intención de permitir la instalación de dos bases estadounidenses en territorio nacional —una militar y otra de seguridad—, una medida que dependerá del referéndum constitucional convocado por el presidente Daniel Noboa para este domingo. La propuesta busca modificar la actual Constitución, que desde 2008 prohíbe la presencia militar extranjera en el país.
El ministro del Interior, John Reimberg, explicó que una base se ubicaría en Manta, provincia de Manabí, donde entre 1999 y 2009 operó una instalación militar de Estados Unidos, mientras que la segunda estaría en Salinas, provincia de Santa Elena. Ambas zonas, estratégicas por su acceso al Pacífico, son utilizadas por organizaciones del narcotráfico como rutas hacia Centroamérica.
La iniciativa toma fuerza tras la visita de la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, quien viajó por segunda vez en tres meses a Ecuador para inspeccionar los posibles emplazamientos. Según Reimberg, al menos una de las bases sería administrada por el Departamento de Seguridad Nacional (Homeland Security), que coordinaría acciones de lucha contra el terrorismo, narcotráfico y cibercrimen.
“El país necesita atacar con fuerza a los grupos criminales. Trabajar en conjunto con Estados Unidos desde dos bases compartidas es lo que necesitamos”, expresó Reimberg en una entrevista radial. Noem, por su parte, calificó a Ecuador como un “socio excelente” en la lucha contra el narcotráfico, contrabando e inmigración ilegal, y ofreció asistencia tecnológica para fortalecer las capacidades de control fronterizo.
El ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, respaldó la propuesta señalando que el tráfico de drogas aumentó significativamente tras el cierre de la base de Manta en 2009. “La cooperación con Estados Unidos es fundamental para recuperar el control sobre nuestro territorio marítimo y aéreo”, sostuvo, aclarando que las operaciones seguirán bajo mando ecuatoriano y que no se contempla una presencia militar en las islas Galápagos.
De aprobarse la reforma, el Gobierno de Noboa pretende consolidar una alianza estratégica con Washington y la Unión Europea para combatir el crimen transnacional y modernizar la infraestructura de seguridad. Sin embargo, sectores opositores y organizaciones sociales han advertido que el regreso de tropas estadounidenses violaría la soberanía nacional y podría convertir a Ecuador en una base de operaciones extranjeras en la región.
La consulta popular se perfila como un punto de inflexión en la política de seguridad ecuatoriana. Mientras el Ejecutivo defiende la medida como una respuesta urgente al auge del narcotráfico, críticos recuerdan que la presencia militar extranjera en Manta, hace más de una década, terminó envuelta en controversias por espionaje y excesos. El resultado del referéndum definirá si Ecuador reabre sus puertas a la cooperación militar estadounidense.
Vía: Infobae