El Ministerio Público emitió una orden de aprehensión contra la expresidenta de la Aduana Nacional, Karina Serrudo, en el marco de una investigación por presuntos delitos vinculados a incumplimiento de deberes y contratos lesivos al Estado. La decisión marca un nuevo giro en el proceso judicial que involucra operaciones administrativas observadas durante su gestión.
La disposición fue firmada por el fiscal Aldo Mesa, quien justificó la medida señalando la existencia de riesgos de fuga y posible obstaculización de la investigación. Documentos difundidos públicamente sostienen que estos elementos motivaron la determinación de proceder con la aprehensión de la exautoridad.
Uno de los principales ejes del caso está relacionado con presuntas irregularidades en la compra de un terreno y la construcción del edificio institucional de la Aduana en Tarija. Según las investigaciones preliminares, esta operación habría ocasionado un daño económico al Estado superior a los 10 millones de bolivianos.
Asimismo, Serrudo es investigada por la adquisición de dos escáneres destinados al control aduanero. En este proceso se analizan posibles responsabilidades por incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y contratos considerados lesivos para los intereses estatales.
La Fiscalía sostiene que ambos casos forman parte de una misma línea investigativa orientada a determinar si existieron decisiones administrativas que perjudicaron económicamente al Estado durante su administración al frente de la entidad.
Karina Serrudo asumió la presidencia de la Aduana Nacional el 20 de noviembre de 2020 y permaneció en el cargo hasta el 8 de noviembre de 2025, periodo que coincidió con el gobierno del entonces presidente Luis Arce.
Tras dejar funciones, la exautoridad no volvió a realizar apariciones públicas, mientras las investigaciones avanzaban de manera reservada. La orden de aprehensión representa la primera acción coercitiva directa dentro del proceso.
El Ministerio Público indicó que la investigación aún se encuentra en etapa preliminar, por lo que no se descarta la ampliación del caso hacia otros funcionarios que hubieran participado en las decisiones observadas.
Analistas consideran que el proceso podría tener repercusiones políticas y administrativas debido al alcance institucional de las operaciones investigadas y al monto económico involucrado.
Se prevé que en las próximas horas las autoridades judiciales brinden mayores detalles sobre la situación jurídica de Serrudo y los pasos procesales que seguirán dentro de la investigación en curso.
Vía: La Razón